López enfrenta un juicio por instigar a la violencia en las protestas. (Foto Archivo)
dpa
La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, dijo hoy que el Estado venezolano puede acatar o no la recomendación de un grupo de las Naciones Unidas en favor de la liberación del dirigente opositor Leopoldo López, encausado por instigación de las protestas contra el gobierno en febrero.
«Las recomendaciones son eso, simples recomendaciones», dijo Ortega en declaraciones en la Fiscalía. «El Estado venezolano decide si toma o no las recomendaciones», agregó.
López enfrenta un juicio por instigar a la violencia en las protestas contra el gobierno que estallaron en febrero y el presidente Nicolás Maduro se refirió a él recientemente como el «asesino de Ramo Verde», por el nombre de la cárcel militar donde está recluido, en la ciudad vecina de Los Teques.
Ortega recalcó que el pronunciamiento del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU, que pidió la liberación de López, es una simple recomendación que no es obligatoria para el Estado.
«A muchos venezolanos que pretendieron limpiar las calles en esos días los asesinaron los manifestantes violentos», agregó, al referirse a las protestas callejeras que dejaron 42 muertos y más de 800 heridos.
«Yo recomiendo, por ejemplo, que se destaque la muerte de esos 42 venezolanos que lamentablemente se ha invisibilizado. Ustedes toman o no la recomendación, asimismo, el Estado venezolano decide si toma o no la recomendaciones», señaló a los periodistas.
Además, la fiscal negó que López y otros presos sean objeto de tratos crueles o degradantes en su detención. Señaló que en la cárcel «todo está siendo grabado, para mostrar que algunas afirmaciones que se hacen son irresponsables».
«Se quiere señalar, a través de afirmaciones inciertas, que el Estado venezolano comete actos de tortura. Tenemos fotos de cómo están estas personas en los centros de reclusión. Tenemos una visita permanente del Ministerio Público para constatar el estado en que se encuentran cada uno de los privados de libertad», alegó.
López enfrenta un juicio por varios cargos, incluyendo instigación a la violencia en las protestas de febrero a mayo, que prevén una pena de hasta diez años de cárcel.
El dirigente impulsó lo que llamó la «salida», que era una exhortación pública a protestar en las calles contra de Maduro. El gobierno lo acusó después de que una marcha opositora hasta la Fiscalía General el 12 de febrero derivó en violencia y dejó tres muertos.
López se entregó a las autoridades cuatro días después y desde entonces está encarcelado y, según sus familiares, sometido a aislamiento.
