Dayrí Blanco|@DayriBlanco07
Magaly Pinto está preocupada. Sabe que en las próximas semana sus tres hijos y ella no tendrán nada para comer. Lo que gana por limpiar casas en diferentes zonas del estado le alcanza para ir cada martes, como indica el número 2 al final de su cédula, a hacer largas colas para poder comprar algunos paquetes de alimentos. Sus cuentas no dan para pagarle a un revendedor. Pero la centralización de la distribución en manos de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) se ha convertido en una angustia adicional para ella quien vive en el pueblo de San Diego y fue excluida del censo que promueven estas nuevas instancias comunales por ser abiertamente de ideología contraria a la impuesta por el Gobierno nacional.
Se trata de una discriminación evidente promovida por la mafia del hambre, alertó la presidenta del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio), Cipriana Ramos. En números está claro que al menos 73,72% de la población venezolana no tendrá la garantía de recibir las bolsas de comida que venden los CLAP con el poder conferido por el Ejecutivo, tomando en cuenta la más reciente encuesta de Datanalisis que indica que la aprobación de Nicolás Maduro para marzo fue de 26,8%.
La realidad planteada desde ese punto de vista es clara: será difícil encontrar productos para comer. Centralizar la distribución de los pocos alimentos que se pueden producir o procesar en el país es una medida que solo responde a fines políticos y no sociales. “Se está entregando la labor de distribución y comercialización que solo sabe manejar el sector privado a grupos sin experticia, logística ni organización gerencial”. El resultado será una mayor agudización de la escasez y de la corrupción.
La idea del Ejecutivo es acabar con los bachaqueros, informó el jefe de Gobierno de Distrito Capital, Daniel Aponte. Sin embargo, la estrategia no está funcionando. Ramos advirtió que hay sectores en los que los integrantes de los CLAP venden cupos para las bolsas de comida, que en la mayoría de los casos se venden a sobreprecio.
El Gobierno que hoy pretende concentrar la distribución de alimentos en todo el país, es el mismo que viene de fracasar con el manejo de sus redes Mercal, Pdval y Abastos Bicentenario. Históricamente, aseguró que los consumidores venezolanos nunca tuvieron dificultades para hacer las compras de alimentos en el comercio formal. Y los problemas para hacerlo comenzaron cuando se expropiaron los terrenos productivos, las industrias procesadoras, y se impusieron los controles de cambio y de precios para debilitar a la empresa privada del país.
La consecuencia de ese erróneo procedimiento ha sido la escasez y el desestímulo a la inversión privada. Además, hay 30 millones de consumidores en la calle que no saben en dónde comprar, cuándo hacerlo, ni a qué precio, en vista de que la inflación ha sido institucionalizada en el país por el Poder Ejecutivo y el Banco Central de Venezuela (BCV).
El Plan de la Patria
A la presidenta de Consecomercio no le sorprendió esta medida. “No es una novedad”, dijo muy segura mientras buscaba un archivo en su computadora. “Es la implementación progresiva del Plan de la Patria”. El documento catalogado como el legado político del fallecido presidente Hugo Chávez, expresa que se deben generar y fortalecer cadenas de distribución estatales, comunales y mixtas que representen el suministro directo de los productos, y propiciar sistemas de transporte desde las unidades de producción a las comunidades.
Relató que el desvío de mercancía tampoco es un fenómeno nuevo. “Eso comenzó en Zulia, después sucedió en Barinas y ya se ha desplegado en todo el país”, dijo en torno a las denuncias de productos que son enviados a almacenes de alcaldías o gobernaciones bolivarianas para su posterior venta en forma de combo por los CLAP en las zonas y viviendas que ellos mismos decidan.
Golpe al sector privado
Esto se traducirá en el corto plazo en el cierre de negocios pequeños, e incluso de las grandes cadenas de supermercados al no tener rentabilidad económica. Los inventarios de los establecimientos se reducirán al mínimo porque sin posibilidad de vender rubros producidos en el país que satisfacen necesidades básicas, al pasar a ser una facultad solo de los CLAP, aunque no es una medida oficializada aún, y con una reducida disponibilidad de dólares para importar alimentos y comercializarlos en el mercado interno, no tendrán nada qué ofrecer en sus anaqueles, advirtió el presidente de la Cámara de Comercio de Valencia, Guillermo Manosalva.
«Esto no es más que una injerencia que provocará eventos sociales violentos que rechazamos desde cualquier punto de vista», dijo Manosalva.
