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La resolución autoriza el “uso de fuerza potencialmente mortal”. (Foto EFE)

EFE

María Corina Machado informó este viernes que denunciará ante organismos internacionales la aplicación de una resolución que autoriza el “uso de la fuerza potencialmente mortal” para controlar manifestaciones, lo que a su juicio es, “peor que la pena de muerte”.

“Estamos procediendo a informar a todas las instancias vinculadas al cumplimiento de los derechos humanos y las instancias regionales de la cuales Venezuela forma parte, porque desde luego esto es una nueva violación de la Carta Democrática Interamericana”, dijo Machado a periodistas al ser consultada sobre si elevaría la denuncia a instancias internacionales.

La resolución 8610 del Ministerio de Defensa venezolano que autoriza a emplear el “método del uso de la fuerza potencialmente mortal” durante las manifestaciones cuando la situación lo requiera, es, según Machado, “aún peor que la pena de muerte.

La resolución 8610 del Ministerio de Defensa venezolano que autoriza a emplear el “método del uso de la fuerza potencialmente mortal” durante las manifestaciones cuando la situación lo requiera, es, según Machado, “aún peor que la pena de muerte”.

“Porque frente a la pena de muerte previamente hay un juicio, un procedimiento legal (…), pero en este caso lo que se estaría es exponiendo, autorizando, impulsando, a ciudadanos soldados a usar armas de fuego letales en contra de ciudadanos que ejercen su legítimo derecho de protesta”, indicó.

Junto a Machado, el alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, leyó una declaración conjunta sobre esta resolución que asegura también suscribe el dirigente Leopoldo López, preso desde hace casi un año acusado por delitos relacionados con las protestas del año pasado.

“Esta disposición es un intento burdo, inaceptable e indigno por parte del Ministro de la Defensa, de colocar a la institución armada al servicio de los intereses del régimen y del (gobernante) Partido Socialista Unido (PSUV) en la represión del descontento masivo que expresa el pueblo venezolano”, dice el comunicado.

Según la declaración de los opositores su implementación se hace en un momento en el que la sociedad venezolana “atraviesa una severa crisis”, lo que, aseguran, ha aumentado el descontento y “el régimen de Maduro se encuentra agotado y sin recursos económicos, financieros y políticos, para manejar la catástrofe que ha creado”.

En texto continúa exhortando a los miembros de la Fuerza Armada Bolivariana (FANB) a que “en esta coyuntura tan decisiva y crítica (…) los ciudadanos soldados cumplirán su deber y no atenderán órdenes para reprimir”.

Estos opositores refuerzan los anuncios hechos ayer por la Mesa de la Unidad Democrática que informó que solicitará la anulación de la resolución, gestión que también realizará ante organismos internacionales como las Naciones Unidas.

Por otra parte, el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, afirmó este viernes que la nueva resolución que permite el uso de armas mortales para controlar manifestaciones públicas está apegada a la Constitución y encuadró las críticas que ha suscitado en una “ofensiva” para poner en “zozobra” a los venezolanos.

La resolución, publicada en la Gaceta Oficial del martes pasado, y difundida ayer establece las “normas sobre la actuación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en funciones de control de orden público, la paz social y la convivencia ciudadana en reuniones públicas y manifestaciones”.

El escrito oficial ofrece una explicación dirigida a los funcionarios de orden público sobre cómo hacer el “uso progresivo y diferenciado de la fuerza” y ubican en último lugar la aplicación “del método del uso de la fuerza potencialmente mortal bien con el arma de fuego o con otra arma potencialmente mortal”.

El artículo 68 de la Constitución venezolana señala que “se prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas”.




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