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Marvinia Jiménez solo levantarán la protesta si hay justicia. (Foto Nubia Reina)

Luis Carías Toscano / Ivonne Ayala

Seis personas se encuentran encadenadas en la sede del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para pedir la liberación de los 69 detenidos desde el año pasado a raíz de las protestas estudiantiles. Una de ellas es Marvinia Jiménez, quien exhortó a la ciudadanía a activarse pacíficamente en cada estado del país para hacer presión sobre el Gobierno.

La idea de la protesta que se lleva a cabo al este de Caracas, donde hace un año se levantó otra manifestación similar en un operativo de la Guardia Nacional, es presionar a la Organización de Naciones Unidas (ONU) para que el Gobierno acate la resolución emitida en meses pasados, donde se le exhorta a liberar a los denominados presos políticos.

No soltarán a todos con una protesta, pero la ONU debe presionar al régimen para que acate su dictamen y revise las violaciones al debido proceso en Venezuela, porque en muchos casos prefieren coartar la posibilidad de defensa y difieren las audiencia, de modo que no se demuestra la inocencia de cada quien, manifestó Jiménez.

Personalmente, relató, no teme que efectivos de la Guardia Nacional se presenten en el lugar para levantar la manifestación, porque se trata de una protesta pacífica amparada en la Constitución y diversos tratados internacionales.

Si bien voceros oficialistas han manifestado que nuevamente quieren activarse las guarimbas, Jiménez declaró que cualquier interpretación de lo que sucede en el país es libre, pero mientras no se observan barricadas, otros fenómenos se le escapa de la vista al Ejecutivo, las colas interminables y algunos saqueos, en medio de un descontento popular.

Caso sin avance

En su caso personal, indicó que no ha habido avances en los últimos meses sobre las agresiones sufridas, con la diferencia de que acudió a la Fiscalía General de la República hace un par de días y a la Defensoría del Pueblo para quejarse sobre los retrasos en las investigaciones y se canalizaron algunas acciones.

Por ejemplo, se ordenó que le permitieran dirigirse a la Guardia del Pueblo para observar el rol de guardia y poder identificar a los funcionarios que la agredieron, en La Isabelica en Valencia, para seguir los caminos naturales.

También el Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, se comprometió a ayudarla a encontrar justicia “por la excesiva impunidad” y solicitó vía telefónica a la Guardia Nacional que agilizaran la orden de captura contra Yosneidy Castillo, la funcionaria que la agredió durante una protesta.

Marvinia Jiménez solo levantará protesta si se evidencia justicia en casos de jóvenes presos.

Esta valenciana fue arrancada de su pacífica vida como costurera y trasladada a la palestra pública, luego de ser golpeada brutalmente por una funcionaria de la Guardia Nacional Bolivariana, y que su caso trascendiera a los medios nacionales e internacionales por el cruel ataque que sufrió en el marco de una manifestación en La Isabellica. “Realmente lo único que espero a largo plazo es que pongan a derecho a la funcionaria, que investiguen al coronel Aquiles Rojas Patiño, quien comandaba a los grupos de represión que emprendieron contra los manifestantes en La Isabellica”.

La también madre de un niño de siete años, debió abandonar su hogar por el acoso de los colectivos, hoy en día “vive arrimada” en casa de una familiar. Permaneció presa 3 días y le imputaron los delitos de instigación pública, obstaculización de la vía pública, lesiones personales, resistencia a la autoridad y daño a la propiedad privada. Tiene prohibición de salida del país y debe presentarse cada 45 días en tribunales.

Actualmente, diez meses después de las agresiones de las que fue objeto, aún espera algún pronunciamiento de los tribunales. Sus abogados están pidiendo el sobreseimiento de su causa pero las instancias judiciales tienen dos meses de mora y aún no manifiestan decisión.

Con la acción que en estos momentos adelanta junto a varios jóvenes de Caracas, Cumaná y Ciudad Guayana, esperan que la ONU obligue al Gobierno a recibir a un relator que pueda dar cuenta de los desafueros en el país. No está exenta de temor en torno a cualquier medida que se quiera tomar contra ella. “Si quieren venir por mí aquí estoy la medida cautelar está violando mis derechos humanos, tendrían que traerme una orden de captura, y decir claramente de cuál delito se me acusa. No tengo plata para irme del país, no tengo guardaespaldas, pienso quedarme aquí hasta que haya un pronunciamiento, y garantías de que se va a respetar el debido proceso y los lapsos de ley en los casos de los muchachos injustamente privados de libertad”.




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