COMPARTE


(Foto )

Gabriela Espinoza F. || gespinoza@el-carabobeno.com

La libertad estuvo restringida durante el 2014. Las 3 mil 500 detenciones arbitrarias que se registraron en el país luego de las protestas del 12 de febrero en rechazo a los lineamientos del Gobierno nacional, son una prueba de ello. De esta cifra, 2 mil personas están bajo régimen de presentación.

Estas detenciones se ejecutaron sin una orden judicial. El abogado Rafael Narváez reveló estos datos y explicó que las leyes venezolanas establecen que los individuos que son encarcelados deben ser notificados, por lo que considera que los apresados por estas manifestaciones fueron testigos de tratos crueles e inhumanos por parte de la Guardia Nacional Bolivariana y otros cuerpos de seguridad del Estado.

Estos casos se registraron en centros policiales y destacamentos militares, sin que la víctima se comunicara con su abogado. El defensor de los Derechos Humanos rechazó que se realizaran audiencias de presentación en estos espacios, cuando son los jueces de la jurisdicción los que están en la capacidad de llevarlas a cabo.

Luego de los sucesos de febrero el Poder Judicial publicó una sentencia en la que exponía que las protestas debían contar con un permiso por parte de las alcaldías para ser ejecutadas, lo que impidió el derecho a la manifestación, establecido en el artículo 68 de la Carta Magna.

En este apartado también se plantea la prohibición del uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas, algo que no se cumplió, además de la regulación de la actuación de los cuerpos policiales y de seguridad en el control del orden público.

La norma también deja mucho que desear frente al derecho a la vida, contrastado con el registro de al menos 24 mil homicidios en el país este año, perpetrados en su mayoría con armas de fuego. A esto se suman las muertes de funcionarios de seguridad en manos del hampa, cuya cifra extraoficial supera los 300.

Sólo el 2% de estos casos fue a juicio. El abogado también cuestionó que los exalcaldes de San Cristóbal y de San Diego, Daniel Ceballos y Enzo Scarano, respectivamente, no enfrenten un juicio justo.

Para asumir la defensa de las víctimas que han sido vulneradas se debe tener poderes públicos independientes. Sin embargo, el especialista explicó que éstos le han dejado al Ejecutivo las labores de investigación penal y la responsabilidad de sancionar el delito. Por ello criticó la reelección de Luisa Ortega Díaz como Fiscal General de la República.

Rafael Narváez observó que la Defensoría del Pueblo estuvo ausente este año en casos sobre la libertad y el derecho a la vida. Aseveró que la impunidad alcanzó el 98%, por lo que responsabilizó al Ministerio Público y al Poder Judicial de incumplir las leyes.

A la violación de derechos se suman 400 empleados de empresas públicas acusados por protestar y hacer un reclamo justo. Además de los 189 periodistas detenidos por ejercer su profesión y la libertad de expresión vulnerada con la compra de medios.

El defensor explicó que la escasez de medicamentos se considera como una violación a la salud de cada habitante. Lamentó que la Asamblea Nacional no investigue estas situaciones.

De no cambiarse estos sistemas, considera que el año 2015 será muy complicado. Insistió en la necesidad de que cada ciudadano exija sus derechos.




Estimado lector: El Diario El Carabobeño es defensor de los valores democráticos y de la comunicación libre y plural, por lo que los invitamos a emitir sus comentarios con respeto. No está permitida la publicación de mensajes violentos, ofensivos, difamatorios o que infrinjan lo estipulado en el artículo 27 de la Ley de Responsabilidad en Radio, TV y Medios Electrónicos. Nos reservamos el derecho a eliminar los mensajes que incumplan esta normativa y serán suprimidos del portal los contenidos que violen la Constitución y las leyes.