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Dayrí Blanco

 

Un doble problema ha representado la descentralización de
los peajes: laboral y económico. Solo en La Entrada, en la autopista
Valencia-Puerto Cabello, se han dejado de recaudar 5 millones 555 mil bolívares
durante los tres meses y medio de la transferencia de Fontur a la gobernación
de Carabobo, y 78 personas se mantienen desempleadas.

La exigencia directa de los trabajadores del lugar es al
mandatario regional Francisco Ameliach. Ellos acudieron a la Inspectoría César
Pipo Arteaga para introducir el amparo. Sus casos están es etapa de ejecución
para darle paso a los reenganches.

Pero eso no es todo. Según informó Liliana Risquez, ex
recaudadora del lugar durante protesta realizada la mañana del jueves, en el
ministerio del Trabajo les dijeron que la reactivación de los peajes en todo el
país se daría de manera paulatina. “Se empezó en el estado Zulia a finales de
septiembre y en Carabobo correspondería el 9 de octubre. Eso no será posible.
Actualmente personal de la secretaría de Infraestructura realiza labores de
acondicionamiento que se ha limitado a la pintura de las taquillas.

Se desconoce cuándo se hará la instalación del sistema de
cobro y de las barras de control. La preocupación de los trabajadores es que en
Zulia la activación se hizo con nómina nueva.

 

Sin servicios

Rodolfo José Lormos, quien fue administrador del Peaje La
Entrada, indicó que diariamente, hasta el 30 de junio cuando se eliminó el
cobro, se recaudaban 55 mil bolívares diarios, 
que solo alcanzaban para cubrir gastos operativos. Por eso se dejó en
2012 de prestar los servicios de ambulancias, grúas y atención médica. Tampoco
se construyó nunca el refugio. el Gobierno nacional.

Desde que el Ejecutivo tomó la decisión en 2008 de eliminar
el cobro de la tarifa por considerar un exceso que se hiciera en módulos
separados por menos de 80 kilómetros de distancia, solo el transporte de carga
pesada estaba obligado a cancelar el tributo que oscilaba entre 2,50 y 10,50
bolívares.

Según la Gaceta Oficial N° 40.691 publicada el lunes 29 de
junio, el Ministerio para Transporte Terrestre y Obras Públicas estableció un
plazo de un año para que las gobernaciones realicen las adecuaciones
administrativas, de infraestructura, servicios, colocación de sistemas de
control y recaudación. En enero de 2015 el Gobierno nacional aprobó 157
millones de bolívares para tal fin.




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