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Unas 1.191 personas han sido investigadas por hechos de corrupción. (Foto Archivo)

EFE

Más de 700 personas han sido condenadas en Venezuela por cometer delitos de corrupción durante el año 2014, informó este viernes la fiscal general venezolana, Luisa Ortega.

“Durante el 2014, 777 personas han sido condenadas en juicio por admisión de los hechos, es decir, 777 admitieron que habían cometido hechos de corrupción”, detalló la máxima autoridad del Ministerio Público durante su programa de radio transmitido por la emisora local Unión Radio.

Desde enero y hasta noviembre, unas 1.191 personas han sido investigadas por hechos de corrupción, han estado privadas de libertad 1.211, y solo 847 fueron acusadas formalmente, aseguró Ortega que no dio detalles de los cargos ni nombres de los acusados.

Según un ránking global de la ONG Transparencia Internacional, Venezuela está a la cabeza del grupo de países percibidos como más corruptos de América Latina y ocupa el puesto 161 con una calificación de 19 puntos de cien.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció a principios de año que el Estado venezolano iniciaría una “ofensiva demoledora” contra la corrupción, para lo cual aprobó un conjunto de leyes luego de solicitar poderes especiales al parlamento para legislar en esta y otras materias.

El Gobierno conformó el Cuerpo Nacional Anticorrupción para detectar situaciones de delito en la administración pública, que ya reporta resultados, “muchos de ellos dolorosos”, según Maduro.

La Asamblea Nacional otorgó a Maduro poderes para promulgar leyes Habilitantes en noviembre de 2013 hasta el mismo mes de 2014, lo que le permitió gobernar durante un año casi sin control parlamentario.

Aseguró entonces que con este poder lograría llevar la lucha contra la corrupción a una “nueva dimensión” y enfrentar la “guerra económica” que, considera, sufre su Gobierno por parte del sector empresarial, la oposición y ciertos gobiernos extranjeros.

Durante estos 12 meses Maduro aprobó más de cuarenta leyes que van desde la lucha contra la corrupción, la simplificación de la burocracia, el impulso del turismo y la reforma del sistema tributario o fiscal.




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