Beatriz Rojas/@rojas_beatriz
Miembros del Movimiento Padres Organizados de Venezuela se pronunciaron ante la suspensión de clases todos los viernes decretada por el Gobierno nacional. Consideran que con esta medida se está violando el derecho humano a la educación.
Adelba Taffin, vocera de la Organización No Gubernamental, señaló que el Estado venezolano por mandato constitucional en su artículo 2, tiene la obligación de garantizar, proteger y promover el derecho a la educación y una educación de calidad para todos los subsistemas que comprenden el sistema educativo venezolano.
“Los derechos de los niños y adolescentes tienen prioridad absoluta, de acuerdo a las convenciones internacionales suscritas por Venezuela y tal como está recogido en nuestra legislación, comenzando por la Lopna”, expresó.
Taffin apuntó que el principio de prioridad absoluta obliga e implica diseñar una estrategia, dentro del plan de racionamiento eléctrico implementado por el Gobierno, que permita garantizar como prioridad, entre otros, el derecho a la educación de los niños y jóvenes. Y con base a esa estrategia, debieron haberse establecido medidas para abordar la crisis del sistema eléctrico, que garantizaran que la educación de los niños y adolescente no se viera afectada.
Sostuvo que en lugar de eso, el Ejecutivo decretó la suspensión de actividades los viernes hasta que cesen los efectos del fenómeno El Niño. Manifestó que esta medida imposibilita el cumplimiento de la carga horaria establecida por el mismo ente rector en el calendario escolar, lo que atenta contra la calidad educativa, y pone en riesgo el correcto desarrollo del tercer lapso, agravando aún más la crisis que aqueja actualmente a la educación venezolana.
En opinión de Padres Organizados de Venezuela, decretar oficialmente menos días de clases, asesta un nuevo golpe a la educación que ya se encuentra sometida a una serie de restricciones y vicisitudes derivadas del racionamiento por el que los centros educativos, al menos una mañana y dos tardes a la semana no cuentan con el servicio eléctrico. Y en consecuencia, muchos estudiantes son enviados a sus hogares sin haberse cumplido la programación académica ni las actividades extracurriculares. O en el mejor de los casos, permanecen en los centros educativos pero sin poder adelantar en los contenidos de las materias.
Miembros del movimiento citan además que se está produciendo un deterioro acelerado de la infraestructura, especialmente en las escuelas oficiales, y que en algunas regiones es inadecuada o insuficiente. Además de la falta de profesores en distintas materias, así como de materiales y equipos.
Agregaron que las interrupciones en el calendario y las suspensiones no previstas de clases, afectan la calidad de la educación y de los aprendizajes de los niños y jóvenes. Por eso no pueden ser invisibles para el país, ni irrelevantes para el ente a quién corresponde la obligación de garantizar el derecho a la educación en Venezuela.
“Debemos tener presente que un pupitre vacío es un niño a merced del ocio, las drogas y la violencia, y que las consecuencias del daño que se le hace al país al suspender clases y dejar de formar a nuestros hijos no se verá inmediatamente sino a futuro y ésto, lamentablemente, no es recuperable”, advirtió.
