Rafael Narváez, defensor de Derechos Humanos, considera que la decisión de posponer la recolección del 20% de las firmas para activación del referendo revocatorio, el Consejo Nacional Electoral (CNE) cercena el cauce democrático a venezolanos que pasan hambre, son perseguidos por el hampa y el Sebin y mueren por falta de alimentos y medicinas.
El abogado destacó que la decisión del Poder Electoral violenta el artículo 72 de la Constitución Nacional y elimina el derecho a la defensa y a ser escuchados a la dirigencia de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD).
Narváez indicó que los gobernadores de las entidades en las cuales se imputó presuntos delitos de usurpación de identidad en la recolección del 1% de firmas pasaron por encima de las atribuciones legales correspondientes a la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), instancia que a su vez se subordinó ilegalmente a los jueces municipales. Destacó que se trata de un desconocimiento del derecho y las leyes venezolanas y que el CNE, al plegarse a esta decisión sin escuchar el derecho a la defensa de los representantes opositores, violenta el debido proceso y el derecho constitucional de los venezolanos a revocar a funcionarios electos popularmente que cumplieron la mitad de su período y cuya gestión no favorece a la ciudadanía.
“¿Hasta dónde llega la democracia? ¿Hasta dónde llegarán violentado nuestras leyes?” cuestionó Narváez, quien subrayó que el TSJ demostró, una vez más, que estaría subordinado al Poder Ejecutivo. “Que los jueces de municipio vayan a la academia para que no violen del debido proceso. Lo más grave es que el rector de la política electoral que es el CNE, se enteró por Gobernadores quienes a su vez pasaron por encima de Juez Penal y del TSJ y son los que informan a través de Redes Sociales que son condenados por fraudes a cinco estados. El CNE, sin esperar derecho a la defensa, decide violentar artículo 72 de la Constitución e incluso el Poder Electoral aceptó la activación cuando aceptó el 1% de firmas”, explicó.
Sebin y Cicpc ilegales
Narváez reiteró la ilegalidad en las actuaciones del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebín) y apuntó que se trata de una institución que violenta la Constitución Nacional y el Código Orgánico Procesal Penal (Copp) sin que hasta el momento existan investigaciones por parte del Ministerio Público ni de la Defensoría del Pueblo.
Señaló que el defensor del Pueblo, Tarek William Saab, ha hecho caso omiso a las denuncias de irregularidades de la policía política, realizadas por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y que el servicio bolivariano violenta el debido proceso, usurpa actuaciones penales y promueve las desapariciones forzosas, sin que existan investigaciones al respecto.
Nota de prensa.
