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Alfredo Fermín

La emergencia económica es un decreto que plantea la posibilidad de que el Gobierno intervenga empresas, inventarios y bienes privados para garantizar el abastecimiento, pero no dice en cuánto tiempo el Ejecutivo se compromete a pagar esos bienes para indemnizar, advirtió Gustavo Sosa Izaguirre, coordinador de la maestría de Derecho Constitucional y Comparado de la Universidad de Carabobo. 

Se trata de una medida muy general que, administrada por personas con criterios, bien orientadas en términos contables, financieros y de idoneidad podría ser beneficioso. 

Pero al expresidente de la Cámara de Comercio de Valencia le preocupa que no se especifiquen las áreas que se podrían perjudicar, cuáles medidas se puedan implementar y hasta dónde pueden llegar para salvaguardar los Derechos Humanos y las garantías constitucionales. 

Y es que el decreto presidencial da muchas facultades y libertades a un Gobierno que ha demostrado ser el peor administrador de la historia de la democracia, con el despilfarro de un billón 500 mil millones de dólares, refrescó. 

El jurista instó a la Asamblea Nacional a que “le meta la lupa” con sus especialistas económicos al decreto, que está en vigencia desde su publicación en la Gaceta Oficial. 

Los estados de excepción permiten, con autorización de la AN, que tiene ocho días para pronunciarse junto con el Tribunal Supremo de Justicia, tomar medidas excepcionales para facilitar y agilizar lo que tenga que hacerse en materia económica para la solución de problemas de emergencia. 

Por ello, este estado de excepción económica lo calificó de extemporáneo porque el país está en emergencia económica desde hace más de dos años, cuando comenzó el desabastecimiento. 

Sosa Izaguirre considera peligroso el decreto porque plantea la posibilidad de que el Gobierno intervenga empresas, inventarios y bienes privados para garantizar el abastecimiento. Pero no dice en cuánto tiempo el Ejecutivo se compromete a pagar esos bienes para indemnizar a las personas.




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