EFE
Venezuela debe garantizar la autonomía e independencia de
los jueces y fiscales y, específicamente, resolver la situación de la jueza
María Lourdes Afiuni en un juicio justo, independiente e imparcial, solicitó este
jueves el Comité de Derechos Humanos de la ONU.
El país se sometió los pasados 29 de junio y 30 de julio al
escrutinio del Comité, que vela por el cumplimiento del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, y hoy el organismo ha presentado sus
conclusiones.
Existen «informes sobre las consecuencias negativas que
habría tenido para algunos jueces adoptar, en el desempeño de sus funciones,
decisiones desfavorables al Gobierno» y cita el caso de la jueza Afiuni.
Afiuni ha denunciado que durante el tiempo de reclusión fue objeto
de abusos sexuales.
«Venezuela debe garantizar que se resuelva la situación
judicial de la jueza Afiuni a la mayor brevedad posible en un juicio justo,
independiente e imparcial y que se investiguen de manera pronta y exhaustiva las
alegaciones relativas a los malos tratos y agresión sexual que habría sufrido
durante su detención».
«El Comité continúa preocupado por la situación del
poder judicial» en Venezuela, «particularmente en lo que atañe a su
autonomía, independencia e imparcialidad», según las conclusiones.
«Observa con preocupación que sólo el 34 % de los
jueces son titulares, lo que significa que el resto está en situación de
provisionalidad y que tanto sus nombramientos como remociones pueden realizarse
de manera discrecional», añade.
Asimismo, los expertos lamentan no haber recibido
información sobre el porcentaje de fiscales del Ministerio Público que son
titulares, «y le preocupan los informes que indican que ese porcentaje
sería muy bajo».
Venezuela «debe tomar medidas inmediatas para asegurar
y proteger la plena autonomía, independencia e imparcialidad de los jueces y
fiscales y garantizar que su actuación esté libre de todo tipo de presiones e
injerencias», instan los expertos.
Por otra parte, el Comité se refiere a la suerte de los
políticos opositores Leopoldo López y Daniel Ceballos, y recuerda que su
encarcelamiento «ha sido declarado arbitrario por el Grupo de Trabajo
sobre la detención arbitraria».
«Venezuela debe garantizar que ningún agente estatal
adopte medidas o realice actos que pudieran constituir intimidación,
persecución, descalificación o una injerencia indebida en el trabajo de los
periodistas, los defensores de los derechos humanos, los activistas sociales,
los abogados y los miembros de la oposición política», afirma.
Asimismo, los expertos se preocupan sobre el ejercicio de la
libertad de expresión y de información y pide al Estado que reconsidere la
«despenalización de la difamación».
El Comité lamentó la falta de claridad tanto respecto a la
necesidad de pedir autorización para realizar una manifestación como acerca de
las restricciones a la financiación extrajera de organizaciones.
Finalmente, el «Comité invita» a Venezuela «a
considerar volver a ser parte en la Convención Americana sobre Derechos Humanos
con miras a ofrecer una protección complementaria a los derechos contenidos en el
Pacto a nivel regional».
