EFE
La oposición reaccionó este viernes a la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de validar la emergencia económica que lanzó el presidente Nicolás Maduro, y que fue desaprobada por el Parlamento de mayoría opositora, anunciando que acelerará el método para «salir» de este Gobierno antes de que finalice su mandato.
La bancada opositora, que prometió a principios de año que en un lapso no mayor de seis meses anunciaría al país una solución «constitucional» para adelantar el fin del Gobierno de Maduro, dijo que ese tiempo «es demasiado largo».
El presidente de la Asamblea Nacional (AN) Henry Ramos Allup, hizo este anuncio durante una rueda de prensa convocada expresamente para rechazar la decisión del TSJ, un fallo que calificó de «inconstitucional» pues pasó por encima de la desaprobación ya hecha por la Cámara.
«En los próximos días tendremos que ofrecer ya una propuesta concreta de salida a esta desgracia nacional que es el Gobierno de Nicolás Maduro», dijo.
Asimismo, señaló que denunciará ante organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA) la decisión difundida este jueves por el TSJ que deja sin efecto la desaprobación de la Asamblea que controla la oposición después de que lograra un triunfo contundente en las legislativas de diciembre pasado.
Con ese decreto de emergencia económica el Gobierno podrá disponer de recursos sin control del Parlamento, así como de bienes y mercancías de empresas privadas para garantizar el abastecimiento, además de restringir el sistema monetario y el acceso a la moneda local y extranjera, todo ello durante 60 días «prorrogables».
Precisamente, este viernes, Maduro dijo durante un acto que la «emergencia económica» que decretó y que validó el TSJ durará todo el 2016 y parte del 2017 porque «hay que recuperar al país completico» y «rehacer todo el sistema productivo, distributivo, comercializador y de la fijación de precios de todos los productos».
«¿Qué pasa ahora que el TSJ dice que el decreto está vigente? bueno, que ahora el Gobierno será inexcusable», dijo Ramos Allup al señalar que el Gobierno no podrá poner como excusa, para no resolver los problemas económicos del país, que la AN desaprobó la declaración de emergencia.
«Veamos si con el contenido de ese decreto se van a acabar o se van a agravar las colas y el desabastecimiento de medicinas y de alimentos, veamos si va a disminuir o aumentar la inseguridad (…) pero sobre todo veamos si ese decreto torpe es capaz de resolver el problema de inestabilidad de un gobierno», dijo el diputado.
Aclaró que, pese a la última decisión del Tribunal, el Parlamento no cederá en ninguna de sus facultades constitucionales «aun a riesgo» de que el TSJ trate de «sostener agónicamente a un gobierno que ya no se puede sostener».
También dijo estar seguro de que «el Gobierno está haciendo lo posible para que le den un golpe» de Estado porque sería «la única justificación histórica» que tendría, «después de este fracaso monumental al cabo de 17 años» que tiene ya la llamada «revolución bolivariana».
Además, dijo que «no es ningún secreto» que «hay un movimiento cada vez más fuerte y creciente» dentro del propio Gobierno de «factores muy influyentes» que le ha pedido a Maduro «que renuncie».
Por su parte, el dos veces candidato a la Presidencia de Venezuela, Henrique Capriles, también reiteró que es la hora de convocar a un referendo para revocar el mandato a Maduro, quien según dijo: «Está destruyendo a Venezuela».
Comentó, además, que con la decisión del Supremo, supuestamente se confirma que «el Poder Judicial no responde a los intereses de los venezolanos, sino a los de un partido político», el del Gobierno.
Los diputados opositores convocaron para este sábado a sus simpatizantes a un acto de calle llamado «Defendamos juntos el cambio que Venezuela quiere» para apoyar las decisiones del Parlamento y presentar los posibles métodos que lleven al acortamiento del mandato de Maduro.
El decreto de emergencia económica fue rechazado el pasado 22 de enero en el seno de la Cámara con 107 votos de la oposición frente a 53 oficialistas que votaron a favor, después de que la comisión especial designada para evaluar el contenido del decreto de excepción recomendara su desaprobación.
