Los nuevos magistrados se incorporaron el lunes al Tribunal. (Foto EFE)
AP
Críticos del gobierno afirman que en el listado de nuevos jueces elegidos por la Asamblea Nacional figuran magistrados afectos al oficialismo lo que ahondaría la parcialidad del Poder Judicial a favor del presidente Nicolás Maduro.
El diputado oficialista Elvis Amoroso, presidente del comité de postulaciones, defendió los nombramientos afirmando que los nuevos magistrados «cumplieron los requisitos legales», y que la pasada militancia política de algunos no puede emplearse «como arma para desacreditarlos».
Los nuevos magistrados se incorporaron el lunes al Tribunal tras una ceremonia de bienvenida.
El domingo la Asamblea Nacional de 165 miembros dominada por 99 diputados aliados del gobierno eligió por mayoría simple a 12 magistrados principales para un período de 12 años.
Sectores contrarios al gobierno sostienen que los nombramientos se hicieron apresuradamente debido a la elección legislativa del año próximo en la cual los opositores podrían arrebatarle la mayoría al oficialismo.
Entre los electos figuran el juez Maikel Moreno y la magistrada Marjorie Calderón. Moreno dictó la orden de captura y Calderón sentenció al excomisario Iván Simonovis, cuyo caso se ha convertido en una de las banderas de la oposición venezolana al considerarlo un preso político.
Simonovis, exsecretario de seguridad de la alcaldía de Caracas, fue condenado en 2009 junto con otros dos jefes policiales a 30 años de cárcel por la muerte de manifestantes pro oficialistas durante el fallido golpe de estado en abril de 2002 contra el presidente Hugo Chávez.
«Mikel Moreno y Marjorie Calderón fueron recompensados por el régimen al ponerles en el Tribunal Supremo», dijo a la AP la exmagistrada Blanca Mármol de León, al cuestionar el proceso de selección.
Comentó que algunos de los nuevos magistrados «no tienen carrera judicial» se indicó que «la credibilidad y confianza que estos nuevos magistrados puedan tener es completamente nula».
Organizaciones internacionales como Human Rights Watch han denunciado la falta de independencia judicial en Venezuela, particularmente desde el 2004 cuando la Asamblea Nacional, dominada por el oficialismo, aprobó una ley que amplió de 20 a 32 el número de magistrados del máximo tribunal.
