El expresidente panameño Ricardo Martinelli (2009-2014), que
lleva casi un año viviendo en EEUU, se enfrenta a una orden de detención
provisional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Panamá que reclama su
presencia para llevarlo al estrado por supuestas escuchas ilegales durante su
Gobierno.
La decisión,
calificada como un precedente grave por la defensa del exmandatario y como
histórica por víctimas de las escuchas que esperan se tramite pronto ante
las autoridades norteamericanas, convierte a Martinelli en el primer
expresidente de la historia democrática panameña en ser requerido por la
Justicia.
La medida fue tomada por el pleno de la Corte tras una
maratoniana audiencia de control, oral y pública, realizada dentro del nuevo Sistema
Penal Acusatorio.
En la audiencia, que comenzó este lunes poco después de las
15.00 hora local (20.00 GMT) y finalizó cerca de las 22.40 hora local (03.40
GMT del martes) los magistrados debían decidir si autorizaban la detención de
Martinelli, como solicitó el magistrado fiscal de la causa, Harry Díaz, y
querellantes.
Díaz acusa a
Martinelli de delitos contra la inviolabilidad del secreto y el derecho a la
intimidad, y delitos contra la administración pública, que suman 21 años de cárcel.
En algo más de cinco horas el pleno de 9 magistrados de la
CSJ deliberó y decidió la detención provisional, «con fundamento en la
declaratoria de rebeldía en firme dictada el 11 de diciembre» pasado por
el juez de garantías, Jerónimo Mejía, por no asistir a una audiencia a la que
fue citado por las escuchas ilegales a más de 150 personas.
«Es notorio que la actitud asumida» por Martinelli
«de sustraerse de la jurisdicción nacional atenta contra el normal
desarrollo del proceso que se le sigue» por el caso de las escuchas,
argumentó el pleno, que autorizó al magistrado juez de garantías del caso,
Jerónimo Mejía, para que ejecute la medida cautelar.
En opinión del pleno de magistrados, «existe una clara
justificación para que el Estado agote las medidas procesales para que asegure
la presencia ante los estrados nacionales» del expresidente, que se
encuentra ahora en Estados Unidos, según sus abogados.
Para la defensa, la
orden de detención es injustificada porque el magistrado fiscal Díaz presentó
un escrito de acusación sin haber imputado antes al expresidente, un error
procesal según la docena de abogados del exmandatario, de los cuales algunos
abandonaron la audiencia sin escuchar la decisión.
Un portavoz del grupo, Carlos Carrillo, dijo a los
periodistas que los magistrados con su
decisión «han sentado el precedente de que a una persona pueda ordenársele
su detención sin siquiera haberle notificado los cargos».
Carrillo indicó, sin embargo, que respetan el fallo de la
corte que ordena la detención provisional del exmandatario, pero lamentó que al
Sistema Penal Acusatorio se le exponga a esta irregularidad.
Lo que queda ahora, según el letrado, «es seguir
exigiendo que se respete el debido proceso aunque se han roto los parámetros
procesales; se ha tomado una decisión, tenemos que respetarla, y seguiremos
agotando todos los recursos» necesarios.
Así, señaló que «ante el peligro inminente de una orden
de detención sin haberse notificado imputación alguna» la defensa
recurrirá a instancias internacionales como la Comisión Interamericana de los
Derechos Humanos (CIDH) de la OEA.
Carrillo consideró que para la defensa la decisión de hoy no
es un revés, porque «la que pierde es la justicia», y aseguró que
«no existe una prueba que vincule a Ricardo Martinelli con un hecho
ilícito».
Por otro lado, dijo
desconocer si Martinelli va a regresar al país y que de momento no hará
declaraciones al respecto por la confidencialidad que tiene derecho a tener
con su defendido.
El constitucionalista Miguel Antonio Bernal, una de las 150
víctimas de los pinchazos telefónicos y querellante en este caso, dijo a Efe
que «definitivamente es una decisión histórica porque nunca antes se había
tenido la oportunidad en Panamá de iniciar un proceso a quien ha violentado un
derecho tan importante como es el derecho a la intimidad».
Bernal añadió que ahora corresponde al magistrado juez de
garantías solicitarle a la Cancillería panameña que proceda a pedir a las
autoridades estadounidenses «la detención y la remisión a Panamá del señor
Martinelli».
Agregó que ha sido un «paso determinante» y que
también le tocará al juez de garantías atender la otra solicitud expresada por
los querellantes sobre la retención del pasaporte de Martinelli.
«Creo que la población panameña tiene que mantenerse
vigilante y muy atenta para que no se vayan a dar alteraciones en el transcurso
porque existen un sinnúmero de factores reales de poder que van a tratar de
evitar que Martinelli pueda ser presentado ante la justicia panameña, que es lo
que ha debido hacer desde el primer momento», aseguró.
En las inmediaciones de la Corte, un grupo de adeptos al
partido del exmandatario, Cambio Democrático, vitoreó su nombre y mostró su
solidaridad ante lo que consideran un proceso «amañado».
Martinelli, un magnate de 63 años con variados intereses
económicos, dice ser un «perseguido político» del actual Gobierno de
Panamá, que dirige quien fuera su vicepresidente Juan Carlos Varela, debido a
que la Justicia le ha abierto al menos seis expedientes por diversos delitos de
corrupción.
El expresidente salió de Panamá el pasado 28 de enero,
cuando el Supremo abrió la primera causa penal en su contra, por un caso de
compra con supuestos sobrecostes de alimentos a través del gubernamental
Programa de Ayuda Nacional (PAN). EFE
