Luis Alejandro Borrero | @LABC7 | lborrero@el-carabobeno.com
Billetes y panfletos con la cara de Leopoldo López. Eso llevaban Francisco Márquez y Gabriel San Miguel en el vehículo cuando los detuvieron. Pero a los ojos del Gobierno son otra cosa: como si se tratara de fusiles y granadas. Los abogados de 30 y 24 años fueron apresados, acusados, trasladados a prisión y reubicados en menos de 72 horas por participar en la petición del referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro.
Los activistas de Voluntad Popular (VP) fueron detenidos el pasado domingo y llevados al destacamento 321 de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en Cojedes. Su objetivo era participar en la movilización de personas en el estado Portuguesa. Llevaban, según la fiscalía, dos millones 900 mil bolívares en efectivo. Al no poder justificar su procedencia se les arrestó. “Detrás de esta detención hay motivos políticos. Pancho y Gabriel son dos presos políticos del revocatorio. Y también serán los liberados más rápido”, refutó el miércoles Manuela Bolívar, diputada de la Asamblea Nacional (AN).
Márquez y San Miguel fueron presentados ante el Ministerio Público. El fiscal Doménico Bofelli, titular de sala en flagrancia les imputó presunta legitimación de capitales e instigación pública. El tribunal 2º de Control de Cojedes dictó medida privativa de libertad. La jueza María Merchán les envió al Internado Judicial de Carabobo, en Tocuyito. Pero el miércoles en la mañana Voluntad Popular denunció que fueron nuevamente trasladados; esta vez a la cárcel 26 de julio en Guárico sin justificación.
Elenis Rodríguez, directora de la Fundación por los Derechos y Equidad Ciudadana (Fundeci) y defensora de Márquez y San Miguel denunció a El Carabobeño que el proceso está viciado. Las actas policiales no encuadran con los delitos que fueron presentados por la fiscalía en Cojedes. Se mencionan a dos testigos con nombres al azar, por lo que Rodríguez duda de su veracidad.
Dirigentes de Voluntad Popular rechazan la detención de los activistas. (Foto/cortesía)
El oficialismo no ha tardado. Luego de la captura, la secretaría de gobierno de Cojedes convocó una rueda de prensa. Margaud Godoy acusó públicamente a los dirigentes de financiamiento al terrorismo y legitimación de capitales. Según el relato de la funcionaria, los jóvenes dijeron que el dinero era para comprar una moto. En el carro también había computadoras portátiles, talonarios de Voluntad Popular y celulares. Para Godoy es un plan para activar “guarimbas”.
Se trata de un caso de presos políticos, afirma Rodríguez. El presidente Maduro aseguró —apenas la detención que los jóvenes— que debían ir presos. Eso incluso antes que los tribunales conocieran la causa. Incluso antes que la abogada se juramentara como defensora de los activistas. Sin orden judicial fueron trasladados a Guárico. “Organismos como la GNB y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) actúan por encima de los tribunales”, denunció Rodríguez.
No puede seguir habiendo más cómplices del régimen. El llamado de Freddy Guevara, coordinador nacional encargado de VP, fue contundente contra los funcionarios. Maduro va a salir de Miraflores. La impunidad va a salir del sistema de justicia. “Lo que siempre pasa en este tipo de procesos es que la cúpula negocia y se va con los dólares”. Quienes se quedan son los que pagan. “¿Qué van a decir, que se lo ordenaron?, no queremos gente llorando después. Si hubo órdenes tenían el deber constitucional de no acatar órdenes ilegales”.
La detención de los dirigentes formará parte del expediente que la oposición llevará a la Organización de Estados Americanos (OEA) el jueves. El Gobierno hizo muy mal su trabajo de maquillarse ante el mundo como dialogante, opinó Guevara. “En la OEA ofrecen diálogo. Mientras, aquí, lo que ofrecen es palo para el pueblo”. Guevara recordó que en una casa de Nelson Merentes, expresidente del Banco Central de Venezuela (BCV) en La Guaria, se consiguió una cifra más de diez veces mayor a la de los activistas detenidos. “Pero eso no lo investigan”.
