Marta Colomina || martacolomina@gmail.com
Las más de 50 “leyes” y “reformas” aprobadas por Maduro para cerrar el ciclo de su Ley Habilitante, no tienen el propósito de reactivar la ruinosa economía venezolana, ni de disminuir la escasez o reducir la creciente pobreza de los dos últimos años (la canasta familiar subió en octubre a Bs. 26.576, equivalentes a 6,3 salarios básicos).
Tampoco aminorar la inflación o estimular la producción nacional, y mucho menos cumplir su promesa de luchar contra la corrupción o combatir la inseguridad. Lo que busca Maduro es centralizar aún más su poder, cada vez más autoritario y con menos apoyo popular y sustentarlo en las “comunas”, figura que no está en la Constitución.
Esas leyes “ahondan la inseguridad jurídica e instauran un estado de excepción permanente porque violan garantías constitucionales que ni siquiera en estado de guerra pueden suspenderse”, apuntan los expertos. (El Nacional 21-11-2014). Amparadas en la aprobada “ley de las comunas”, con varias de esas nuevas “normas” se pretende despojar a alcaldes y gobernadores de sus atribuciones y presupuesto y otorgárselos a las “comunas”, cuya estructura rompe con el principio democrático de la elección directa en primer grado para escoger a “los enchufados” que ejercerán las funciones ejecutivas de mando en el ámbito territorial de estados y municipios, como nos recuerda Antonio de la Cruz. Es decir, que bajo el falso manto del “poder popular”, el castrocomunismo de Maduro pretende sustituir a los alcaldes y gobernadores elegidos democráticamente por el pueblo, por “comunas” cuyas órdenes y dirección provienen del poder central.
La cama está tendida en el deficitario presupuesto de 2015 para las “comunas”: los dos únicos “proyectos” que recibieron aumentos escandalosos, comparados con la merma de los recursos para educación, salud y seguridad, fueron los de las “comunas”, que crecerán 62% y los de medios y propaganda oficial, que recibirán Bs. 3.610 millones, con lo que podrían construirse 301 escuelas. (En 17-11-2014) En ese presupuesto se comprueba que la PNB no podrá expandir sus planes de seguridad por falta de recursos, porque en 2015 apenas le asignaron 2,2 millardos de bolívares de los 15,5 millardos que necesita. Haciendo caso omiso de la pandemia de dengue y chikungunya, MinSalud redujo 46% el presupuesto para control de zancudos.
Con las leyes tributarias Maduro arremete con mayor crueldad contra el sector privado, acosado por las “expropiaciones” y ahora por la escasez brutal de divisas que han hecho mermar la producción agrícola e industrial de manera alarmante. El presidente de Fedecámaras calcula en $ 10 mil millones la deuda del sector, al que sus proveedores internacionales le han cerrado el crédito porque el Gobierno no entrega las divisas. En esas condiciones, Maduro lanza una reforma tributaria suicida: con la que “sancionarán a las empresas que paralicen líneas de producción” y el “Seniat podrá hacer embargos sin pasar por un tribunal”. Así que un régimen que ha dilapidado más de un billón de dólares en regalos a sus compinches de Cuba, Nicaragua, Bolivia, Ecuador y otros, en armas de guerra innecesarias, y en corrupción, culpa ahora de su propio despilfarro a quienes han sido sus víctimas. La voracidad fiscal para paliar el enorme déficit fiscal ha llevado a Maduro hasta a pechar a las depauperadas universidades del país y a las ONG, y con ello debilitan aún más el pensamiento crítico y a los defensores de los derechos humanos. Ni una palabra de Maduro a recortar el inmanejable gasto público que sigue creciendo con nuevas vicepresidencias y viceministerios, más oficinas, más gasto y más caos, hasta llegar a la surrealista paradoja de crear más burocracia para dizque “disminuir la burocracia”.
Maduro firmó la Reforma de la Ley Anticorrupción que ahora dependerá directamente de él y cuyo contenido no tiene el propósito de combatirla, sino de silenciarla a través del secreto, la censura y el castigo a los denunciantes, al autoasignarse la presidencia el “carácter secreto, reservado, o de divulgación limitada de información”, con la excusa de que “la información sobre corrupción no será utilizada para chantajear”.
Maduro perdió la oportunidad de intentar convencernos sobre su propósito de luchar contra la corrupción. Lo habría hecho si hubiera anunciado una sanción contra su caro Jaua por haber usado para asuntos personales los aviones de Pdvsa, o si hubiera dicho que quedaba sin efecto el nombramiento diplomático de la infanta mientras se investiga el enorme sobreprecio del maíz y del arroz importados de Argentina, denunciado por productores y prensa de ese país. Podría haber inaugurado esa Reforma dando a conocer los nombres y empresas de maletín que acabaron con las reservas internacionales y que aún siguen vivitas y coleando en el Sicad. Nada de eso ocurrió, ni ocurrirá. La Ley Anticorrupción no es contra los “enchufados” corruptos, sino para silenciar y castigar a los que denuncian. Es decir, para que haya más impunidad.
