Dayrí Blanco | @DayriBlanco07
Ella se encomendó a Dios. No tuvo más opción. Ese día sintió de cerca el olor del asfalto caliente. Lo tenía en su rostro y, aunque le incomodaba, prefería verlo de frente que inclinar su cabeza hacia un lado y tropezar su mirada con la mano de quien sostenía el objeto de metal que amenazaba con golpearla. Unos minutos atrás, Andrea Cedeño estaba ese mismo lugar pero de pie, con el micrófono como única arma disparando informaciones incómodas para quienes se habían convertido en sus agresores, mientras ella no era más que una piedra en el zapato.
Era mediodía. Hacía calor, la periodista lo recuerda. Pero la temperatura la marcaba el ritmo de la tensión que se sentía en el ambiente producto de la manifestación de venezolanos que solo querían comprar comida y eran reprimidos por la fuerza pública. Cedeño no tenía esa protesta en su lista de pautas del día, “a mi me mandaron para apoyar al equipo que desde temprano estaba en el lugar”. No sabía que se convertiría en uno de los 233 casos de ataques contra profesionales de la comunicación registrados de enero a julio por el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS).
Apenas llegó junto al camarógrafo se bajó del vehículo en la esquina que colinda con la avenida Fuerzas Armadas de Caracas al percatarse que los manifestantes corrían hacia ese sitio. Había gas lacrimógeno en el aire. Exploró el terreno, cautelosa como siempre: vio a la izquierda y ahí estaba la parada del Bus Caracas de El Socorro, a la derecha estaba el elevado que cobijaba la protesta.
Hizo lo que debía, su trabajo. “Comencé a grabar un caliente para relatar a los televidentes de Vivo Play lo que estaba pasando”. No paraba de reseñar lo que acontecía mientras quienes tenían horas en cola para comprar comida que estaba siendo desviada a los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), comenzaban a trancar la avenida y ella escuchaba de cerca el ruido de botellas de vidrio que alguien lanzaba. No pudo precisar de quién se trataba. No tuvo tiempo para hacerlo. “Vi que se acercaba un fuerte contingente de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y le dije al chófer y al camarógrafo que mejor nos fuéramos porque íbamos a quedar en medio de todo”.
Eso hicieron, al menos lo intentaron. Corrieron al carro y apenas Cedeño se subió sintió muy cerca, a 10 pasos, algunas detonaciones de armas de fuego. ”Cuando subí la mirada me estaban apuntando. Me pidieron que me bajara. Y me acostara en el piso de la carretera boca abajo”. Ella cumplió cada una de las órdenes. El camarógrafo también. Al chofer también lo bajaron y lo mantuvieron al otro lado del vehículo.
COLECTIVOS AL PODER
Lo siguiente fueron minutos de amenazas e intimidación. Era un grupo de motorizados vestidos de civil, sin identificación. Funcionarios de la PNB pasaron justo al lado de la escena, “ni siquiera bajaron la velocidad. No les importó lo que nos estaba pasando. En ese momento supe que solo podía encomendarme a Dios”.
Robaron los equipos y después uno de ellos les dijo que se fueran. El chofer estaba severamente golpeado. El carro no encendió de inmediato, tuvo una falla mecánica. Al arrancar otro motorizado les tocó el vidrio solo para decirle que habían sido atacados por colectivos, los mismos de los que se cuida Román Camacho, “solo a ellos les temo. Son violentos, están armados y nos tienen amenazados”, advirtió el periodista de La Patilla.
Él tiene un largo historial de agresiones mientras hace cobertura informativa. En 2013 fue la primera. “Me clavaron una puñalada en el hombro”, recuerda que fue durante un procedimiento policial. “La comunidad estaba molesta”. Un año después un supervisor agregado de la PNB intentó despojarlo de su cámara y le dio un golpe en la cabeza con la parte posterior del arma de fuego. Al mes, otro uniformado de la misma institución quiso robarle sus herramientas de trabajo en las Minitas de Baruta; en octubre de 2014 recibió en una protesta en Táchira un perdigonazo en el brazo derecho, y mientras agredían a Cedeño en la avenida Fuerzas Armadas un funcionario de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) lo agredió física y verbalmente.
DETENIDOS POR INFORMAR
A Camacho no le intimidan los uniformes. Él sabe que informar no es un delito, es un derecho que está dispuesto a seguir defendiendo. Lo hizo el jueves 22 de junio. Estaba haciendo su trabajo. “Me encontraba cubriendo la jornada de validación del 1% firmas para el revocatorio en Los Cortijos cuando recibí la llamada desde la oficina para decirme que agentes del Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia) me estaban buscando”. No le dio importancia. “Estoy ocupado. Que vayan después o que dejen un número de teléfono y yo los llamo”.
Pero los funcionarios fueron insistentes y tuvo que dejar a un lado la pauta asignada para encontrarse con ellos. Antes pasó por su casa previendo lo que podía pasar. Dejó su teléfono personal y siguió conduciendo su moto. Al llegar supo de qué trataba. “Querían saber la procedencia del video que publiqué del pistolero del BCV (Banco Central de Venezuela)”. Accedió ir hasta el Helicoide para el interrogatorio sin saber que estaría ahí por más de nueve horas. Fue una de las 17 detenciones arbitrarias cometidas contra periodistas en el país durante 2016, según el IPYS .
Jorge Pérez Valery también integra esa lista. Fue perseguido por casi tres kilómetros y medio mientras transitaba desde la avenida Bolívar de Caracas hasta El Calvario. Iba con la también periodista Andreina Flores, en un taxi que contrataron de manera casual para hacer tomas de lugares emblemáticos de la capital como material de apoyo para las informaciones que transmiten como corresponsales internacionales. “Nos robaron”, pensaron al ver que dos hombres se bajaron de una moto y se dirigieron a ellos. “Empezaron a hacernos preguntas que no quisimos responder hasta que se identificaron como funcionarios de inteligencia militar”.
De la comandancia de la GNB en El Calvario fueron trasladados a Fuerte Tiuna. “Estamos con unos detenidos” dijeron los funcionarios en el puesto de control ubicado en el entrada de la también sede del MInisterio de la Defensa, al que llegaron en el mismo taxi escoltados por más de 10 motos.
Lo siguiente fue una réplica de la fórmula usada como costumbre: interrogatorios, revisión de aparatos electrónicos y horas de intimidación para ceder después a la presión ejercida por la sociedad a través de las redes sociales y liberar a los periodistas.
Ricardo Sánchez solo grababa testimonios y transmitía para su portal de periodismo independiente la tensión generada en el estado Vargas por la visita de un líder opositor el 13 de julio. “¿Vas a denunciar lo que te hicieron?” le preguntaban nerviosos sus agresores esa tarde claramente identificados con el “chavismo” con franelas rojas y consignas en contra de la función informativa. Una botella de plástico llena de hielo fue directo al rostro del comunicador y bastó para confirmar una vez más que la profesión se ha convertido en el blanco del Gobierno, su piedra en el zapato.
