Los productos se siguen ofertando en los tarantines. (Foto Carlos Andrés Pérez)
Las miradas y los pasos de los consumidores se siguen tropezando con la ilegalidad. Eso no ha cambiado. No hay normativa jurídica ni fiscalización que haya logrado evitar que los buhoneros vendan productos de primera necesidad a sobreprecio. Ellos insisten y exhiben de forma libre la mercancía que les está prohibida vender.
En diferentes zonas de Valencia se les vio durante la mañana del domingo. Dos días atrás mil 300 artículos fueron decomisados y vendidos de forma inmediata por fiscales de la Superintendencia para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde) en diferentes puestos improvisados de la avenida Constitución del centro de la ciudad. Pero no se trata de una acción que parezca alarmarlos.
Tras el anuncio del presidente Nicolás Maduro de penalizar este tipo de ventas de alimentos, medicinas y productos de limpieza e higiene personal, se aclaró que el 1º de noviembre se iniciaría un plan de abordaje a los buhoneros que se desarrollaría en tres fases, cuya duración será de aproximadamente 15 días cada una.
La primera sería educativa y de acercamiento, en la que se repartirían volantes y el decreto para informar a los comerciantes. En la segunda fase las autoridades decomisarán la mercancía y multarán a quienes estén incurriendo en la venta informal. Y por último, tras cuatro semanas de abordaje, se decomisará la mercancía, se emitirá una multa y el caso será puesto a la orden del Ministerio Público.
Aun así, se continúa vendiendo en el comercio informal aceite, huevos, arroz, harina de maíz, detergente, desodorante, afeitadoras, pañales, compotas y huevos.
Criminalización del comercio
El plan Navidades Felices podría tener un efecto contrario para los comerciantes. Multas, confiscaciones, revocatorias de permisos y ocupación temporal del establecimiento, son parte de las sanciones. Se trata de una persecución directa que criminaliza la actividad económica, según advirtió la Cámara de Comercio de Valencia.
El presidente de esta organización gremial, Gustavo Sosa Izaguirre, reconoció que el Gobierno puede hacer fiscalizaciones pero respetando la Constitución, que está por encima de la Ley de Precios Justos, y que establece que la propiedad privada solo puede ser afectada por sentencia firme, y no por la discrecionalidad de un funcionario público que castiga al sector productivo.
En el sector existe un clima de nerviosismo por el precedente de las fuertes fiscalizaciones ejecutadas hace un año en establecimientos de electrodomésticos. La mayoría de esos negocios han cerrado sus puertas o simplemente no han podido reponer sus inventarios.
Por eso desde la oficina de atención al afiliado, y la comisión jurídica y económica de la Cámara de Comercio, con sede de la avenida Bolívar, están abiertas a recibir cualquier denuncia. (DB)
18,75% de comercios podría cerrar
De mantenerse los controles de precios y ganancias, las limitaciones para la obtención de divisas y las fiscalizaciones rigurosas y confiscatorias, la Cámara de Comercio prevé que para 2015, 90 mil empresas entre pequeñas, grandes y comercios, cerrarán sus puertas en todo el país. De esta cifra, el 75% corresponde a locales por estar conformado por 47 subsectores y haber recibido apenas el 13% de los dólares requeridos. De los 16 mil establecimientos instalados en Valencia, se estima que pueden cerrar tres mil, lo que es igual al 18,75%. En Carabobo esta cifra se ubicaría en ocho mil. Todo esto pone en riesgo 25 mil empleos en el estado.
