Los dispositivos estarán operativos desde abril de 2015. (Foto Archivo)
EFE
El plan de seguridad ciudadana del Gobierno Nacional incluirá radares sensibles a detonaciones de armas de fuego y también el equipamiento de drones con cámaras de vídeo, informó este lunes el ministro del Interior, Justicia y Paz Miguel Rodríguez Torres.
Los dispositivos estarán operativos desde abril de 2015, cuando Venezuela «tendrá instaladas 50.000 cámaras para monitorear espacios de alta concentración de personas, con el fin de fortalecer la protección ciudadana», declaró el ministro a Canal I.
Rodríguez precisó que las cámaras en esas aeronaves no tripuladas «estarán integradas al sistema (telefónico) de emergencia 911», lo mismo que unos «radares para la detección de disparos».
«Cuando ocurra un disparo en un sector con radares tendremos de inmediato tal información» lo que permitirá la rápida actuación policial, sostuvo.
También informó de la adquisición en el exterior de «un equipo especial que permite bloquear las llamadas de teléfonos celulares en los centros penitenciarios, donde se ha determinado que jefes criminales extorsionan a ciudadanos» a través de bandas delictivas.
«Vamos a poner a prueba ese equipo, y si es efectivo se adquirirán para todas las cárceles del país. Si logramos cortar la comunicación (de reos) con el exterior desde las cárceles estaremos reduciendo el delito en un porcentaje muy importante», predijo.
Rodríguez recordó que recientemente el Gobierno puso a disposición de la ciudadanía una aplicación para teléfonos móviles que permite la conexión permanente con las fuerzas policiales más cercanas a su ubicación, lo que ya ha ayudado a reducir los delitos.
«De acuerdo con las cifras del (gubernamental) Observatorio Venezolano de Seguridad -prosiguió-, en la semana 41 del año se redujo un 31 por ciento el delito de homicidio respecto a la misma semana de 2013», y el secuestro «se ha reducido casi a cero».
El Gobierno de Maduro mantiene desde mayo de 2013 el llamado «Plan Patria Segura», que refuerza con soldados la acción policial en la lucha contra lo delitos, lo que, según el Ejecutivo, permitió a finales de ese año reducir la tasa de homicidios a 39 por cada 100.000 habitantes (lo que supone cerca de 11.000 asesinatos anuales).
«Las estadísticas están mejorando» y «las proyecciones son bastante positivas, a pesar de las voces agoreras (…). Los números hablan por sí solos y no tenemos voluntad, intención ni ética para salir con estadísticas falsas», remarcó entonces.
