AFP
El presidente de
Guatemala, Otto Pérez Molina, descartó este sábado renunciar al cargo tras la
acusación como supuesto cabecilla de una mafia de defraudación aduanera que
provocó la detención de su exvicepresidenta, Roxana Baldetti, informó una
fuente oficial.
El vocero
presidencial, Jorge Ortega, dijo a la AFP que el gobernante no ha renunciado al
cargo, luego de que la víspera la Fiscalía General y la Comisión Internacional
contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un ente adscrito a la ONU que apoya
la depuración judicial, presentaron los resultados de una investigación sobre
una conspiración de fraude en las aduanas, que coloca a Pérez y a su
exvicepresidenta como los cabecillas de la red ilegal.
Baldetti fue
capturada el viernes en un centro médico privado y remitida a un cuartel
militar de la capital acomodado para albergar presos de alto impacto.
La exfuncionaria
había renunciado al cargo el 8 de mayo al salir salpicada en el escándalo, toda
vez que se suponía que el líder de la banda era su entonces secretario privado,
Juan Carlos Monzón, ahora prófugo.
Contrario a la
decisión del gobernante, sus ministros de Economía, Sergio de la Torre, y de
Educación, Cynthia Del Águila, así como el Comisionado para la Competitividad,
Juan Carlos Paíz, cercanos a la cúpula empresarial, renunciaron este sábado a
sus cargos al considerarse «decepcionados» por la supuesta
participación de Pérez en esa estructura ilegal.
Los 2 ministros,
de los 14 que componen el Ejecutivo, eran los únicos que se mantenían en sus
puestos desde que inició a gobernar Pérez el 14 de enero de 2012.
La dimisión de los
tres funcionarios se da horas después que la cúpula empresarial pidiera
«la renuncia inmediata» al gobernante.
«La
investigación dada a conocer ayer (viernes), nos hace sentir decepcionados y
consideramos que bajo los principios y valores ya no podemos continuar en
nuestro puesto», comentó De La Torre en rueda de prensa.
En tanto, Del
Aguila afirmó estar «decepcionada y traicionada», tras la acusación
contra el jefe de Estado.
Pérez, un general
retirado, hasta el momento ha descartado dejar el cargo por la crisis
institucional y lo entregará cuando termine su mandato constitucional el 14 de
enero de 2016.
Sin embargo, el
gobernante no había sido vinculado oficialmente por la Fiscalía en la
estructura de esta red de defraudación aduanera conocida como «La
Línea», desmantelada el pasado 16 de abril.
Ante la evidencia,
la Fiscalía presentó en los tribunales un pedido de antejuicio contra el
gobernante para que pueda enfrentar la justicia por los delitos de asociación
lícita y cohecho pasivo, por lo que renunciar al cargo implicaría su inmediata
detención.
Gracias a
intervenciones telefónicas, los investigadores registraron referencias a
«el uno» y «la dos», que corresponderían a la participación
de Pérez y Baldetti en el esquema que cobraba sobornos para evadir el pago de
impuestos aduaneros.
El estallido del
escándalo de corrupción en abril pasado desató manifestaciones masivas que
provocaron la renuncia de Baldetti y exigen también que lo haga el gobernante.
