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Desde el 12 hasta el 28 de agosto (Foto Archivo)

La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, manifestó que producto de las acciones articuladas y ejecutadas por las diferentes instituciones del Estado venezolano, desde el 12 hasta el pasado jueves 28 de agosto han sido privadas de libertad 232 personas por presuntamente incurrir en el delito de contrabando.

Así lo informó durante el programa “Justicia y Valores” transmitido por el Circuito Unión Radio 90.3 FM, en el que informó que en las próximas horas otras 10 personas serán presentadas ante los tribunales de control correspondientes, mientras que 49 recibieron medidas cautelares sustitutivas de libertad.

Asimismo, Ortega Díaz dijo que el Ministerio Público presentará a 15 efectivos del Ejército Nacional Bolivariano, por presuntamente haber habilitado la trocha La Mona, en el municipio Pedro María Ureña del estado Táchira, la cual había sido deshabilitada para impedir el contrabando por esa zona.

Ante tal situación ocurrida el pasado 27 de agosto, la Fiscal General detalló que serán imputados el capitán Ramón Araujo Ruíz y al teniente Darwin Alcántara, así como a los sargentos primero Julián Acuña Angarita, José Suárez Mendoza, José Ramos Acevedo, Juan Sayago Ardila y Danny Bravo Bracho.

Igualmente, serán imputados los sargentos segundo Mario Alean Guirigay, Ramón Viloria Osuna, Joel Rodríguez Hernández, Jofrán Márquez Ramírez, Yorma Lizarazo Jiménez; y los cabo segundo Roberto Álvarez, Melver Hernández García y Alexis Pérez Barajas.

Obtención ilícita de divisas

Respecto al trabajo realizado sobre las empresas que están siendo investigadas por el uso indebido de divisas y otros delitos, la Fiscal General indicó que fue imputado Mohamed William Awada Rahi, por presuntamente incurrir en los delitos de obtención ilícita de divisas y asociación para delinquir.

Dijo que la investigación muestra que le otorgaron más de 6 millones de dólares a través de su compañía Toronto Shop C.A y vendía a más de 80% de sobreprecio en la mercancía.

Igualmente, la máxima autoridad del Ministerio Público señaló que se ha detectado que personas inescrupulosas han llamado a algunos dueños de empresas que están siendo investigadas para solicitarle dinero a cambio de arreglar sus problemas.

Por lo que Ortega Díaz advirtió que ninguna persona debe pagar por ningún caso, al menos que sea los honorarios de su abogado, y de no tener como pagar un defensor, el Estado está en la obligación de suministrarle uno.

Indicó que esta situación debe ser denunciada por las partes involucradas ante el Ministerio Público, a fin de que se hagan las investigaciones correspondientes.

Salas de flagrancias en todo el país

Ortega Díaz explicó que en el Ministerio Público se trabaja día a día y se está a la disposición de los ciudadanos, además que también existen líneas telefónicas atención y unidades de atención a la víctima.

Agregó que este año se espera la creación de salas de flagrancia en todo el país, proyecto que ha sido impulsado durante su gestión.

Ministerio Público




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