La audiencia se llevó a cabo en el Tribunal 3° de Control de Carabobo. (Foto Archivo)
El Ministerio Público logró privativa de libertad para ocho efectivos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), quienes fueron aprehendidos el pasado 02 de febrero en la subdelegación de Valencia, por presuntamente estar vinculados con hechos de corrupción ocurridos en el estado Carabobo.
En la audiencia de presentación, las fiscales 44º nacional y 13º de la jurisdicción, Yolanda Carrero e Ysaura Betancourt, respectivamente, imputaron al comisario Leobaldo Graterol, al inspector jefe Wilfredo Granadillos, a los detectives Félix Loaiza, Miguel Mendoza, Antonio Agosta y Claiderman García; así como a los inspectores José Aparicio y Jesús Aldana, por incurrir en los delitos de concusión, asociación para delinquir, violación de domicilio y privación ilegítima de libertad.
La audiencia se llevó a cabo en el Tribunal 3° de Control de Carabobo, instancia que a solicitud del Ministerio Público acordó medida privativa de libertad contra los ocho efectivos de la policía científica, a quienes les fijó como sitio de reclusión la sede de la subdelegación del Cicpc en Valencia.
De acuerdo con la investigación preliminar, el 17 de noviembre de 2014 en horas de la tarde, los funcionarios Graterol, Granadillos, Loaiza, Mendoza, Agosta, García, Aparicio y Aldana, interceptaron una pareja que transitaba por la urbanización La Isabelica de Valencia.
Seguidamente los efectivos de la policía científica obligaron a las víctimas a ir a su casa, para posteriormente despojarlos de prendas y dinero en efectivo que tenían en su vivienda.
Adicionalmente, se llevaron un vehículo propiedad de la pareja, por el cual días más tarde habrían solicitado 10 millones de bolívares para regresarlo.
Vale destacar que esta situación de amedrentamiento se repitió en varias ocasiones, motivo por el que las víctimas presentaron la denuncia ante el Cicpc el 21 de enero de este año.
Posteriormente, los ocho hombres fueron detenidos tras una orden de aprehensión solicitada por el Ministerio Público y acordada por el mencionado tribunal de control.