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La calidad de Pao-Cachinche es clave en la crisis: está lleno, pero hay plan de racionamiento. (Foto Archivo/El Carabobeño)

Daniel Pabón || dpabon@el-carabobeno.com

Un embalse se derrama mientras en una ciudad escasea el servicio. Una autoridad lo atribuye a la sequía y asegura la potabilidad del líquido. Pero una comunidad, cuando lo recibe, lo halla con coloraciones u olores. Y un análisis oficial de calidad no se parece a las normas.

Las evidencias científicas y técnicas acumuladas en esta historia real son abrumadoramente claras de las dimensiones de la crisis sanitario-ambiental que se está creando, advirtió Edison Durán Lucena. “Los ciudadanos saben que el agua que llega a sus hogares no es potable y, al igual que nosotros, se indignan cada vez que un funcionario declara que está en óptimas condiciones”, sinceró el físico de profesión y director general de la Fundación Movimiento por la Calidad del Agua.

Desde la potabilizadora que sirve al área metropolitana de Valencia, cada mes supera al anterior: turbiedad de 5,9, de 8,2 y de 12,7, cuando 5 unidades son el límite; aluminio disuelto en cada litro a razón de 0,16, de 0,58 y de 0,78, aunque la norma venezolana pone la raya en 0,20 miligramos; cloro libre, para desinfectar, que debería oscilar en torno a 1 miligramo por litro, pero que viene en caída libre con 0,8 en abril, 0,1 en mayo y el inusual 0,0 de junio, que prendió las alarmas de epidemiólogos y de la Sociedad Venezolana de Salud Pública.

Estos resultados, examinó Durán Lucena, demuestran la agudización de la crisis que vienen alertando durante los últimos cinco años, frente a la mirada indiferente del Estado. Por eso llamó la atención de las instituciones públicas, de los diputados al Parlamento, del gobernador, de los alcaldes y concejales, de las universidades, gremios profesionales y organizaciones sociales. “Hagan de ésta una causa común, de máxima prioridad para la sustentabilidad presente y futura de Valencia y la salud pública de sus ciudadanos”.

Las dudas de todos

No existe sistema que pueda garantizar, ni siquiera medianamente, la desinfección de un agua con valores tan altos de color y turbiedad. Tampoco la sociedad debe aceptar pasivamente indicadores tan altos en agua de consumo humano. El par de sentencias son de Manuel Pérez Rodríguez, no solo ingeniero sanitarista con especialización en descontaminación de aguas, sino el presidente que encabezó la transición INOS-Hidrocentro.

Pérez Rodríguez, que ahora es director de Desarrollo Técnico y Asesoría Ambiental de la Fundación Movimiento por la Calidad del Agua, reclamó que la hidrológica y la cartera ambiental están en la obligación moral y técnica de explicarle tres cosas al pueblo: 1) ¿Por qué desde hace tanto tiempo suministra agua de tan mala calidad sin dar ninguna explicación técnica?, 2) ¿existe algún plan de inversión para la reparación y rescate de la infraestructura de acueductos, cloacas, plantas potabilizadoras y depuradoras que administra Hidrocentro? y 3) ¿considera la estatal que esta pésima calidad del agua puede seguir suministrándose a la población por tiempo indefinido, sin causar daño a la salud de la población?

Dos meses atrás Hidrocentro zanjó que mantienen estricto control en los procesos involucrados con la potabilización del recurso que distribuye y que aplican de manera precisa las dosis de sustancias químicas requeridas, garantizando agua apta para el consumo humano. “Es un agua segura que no pone en riesgo la salud de la población en la región central del país”.

La conclusión que debemos sacar, remató Pérez Rodríguez, es que los números hablan por sí solos del creciente deterioro y empeoramiento del sistema hídrico. “Llevamos más de cuatro años y medio haciendo el planteamiento de cómo empezar a solucionar esta compleja situación, sin que Hidrocentro ni el Ministerio del Ambiente den asomo de querer resolver y actuar de forma seria y responsable”.




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