Dayrí Blanco
El planteamiento inicial sonaba prometedor. Reny Hernández recuerda cada una de las palabras: una empresa sustentable, sin dependencia de la renta petrolera. En eso se convertiría la planta Valencia de Concreto y Agregados de la Industria Venezolana del Cemento (Invecem) tras su nacionalización hace ocho años. Pero la realidad es que solo en lo que va de 2015 la empresa produce y distribuye 63% menos de su capacidad total. “Estamos en decadencia”.
La preocupación del trabajador y secretario general del sindicato es evidente. La voz le tiembla al hablar. “Me da tristeza ver la decadencia de la planta”, expresa al explicar que la manufactura pasó de ocho mil metros cúbicos al mes a menos de tres mil.
Distribuir el material es otro problema que se ha agravado. La flota de 26 camiones se ha reducido a ocho, lo que es igual a casi 70% de las unidades paralizadas en un cementerio de chatarra. La mayoría de los vehículos son año 2011, pero sin mantenimiento ni recursos asignados para su reparación los límites son cada vez mayores.
El principal cliente de Invecem es la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV) que pese a ser uno de los programas banderas del Ejecutivo no está recibiendo el suministro necesario por la crisis de las cementeras. A los trabajadores desde la gerencia solo les han dicho que la caída obedece a la “situación país”. Las plantas de El Palito y Tocuyito viven la misma debacle, y la de agregados de Magdaleno está paralizada.
Los 55 obreros de Valencia iniciaron actividades de protesta el lunes 16 de noviembre. Todos los días al mediodía salen a la calle a exigir respuestas y la discusión de un ajuste salarial de acuerdo al contrato colectivo. Por ahora, con el incremento de 30% del sueldo desde el 1º de noviembre cobran como mínimo 17 mil bolívares al mes.
