Dayrí Blanco | @DayriBlanco07
Luiggi Castillo suspiró profundo. Leyó el comunicado que la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde) publicó la tarde del martes una y otra vez. Trató de entender cada letra entre las líneas que aclaraba que las estructuras de costos de las panaderías estaban en estudio. No había precio regulado oficial. Su temor de cierre definitivo del negocio familiar calmó.
La Venezuela panadera amaneció tranquila, dijo José Dichi, director de relaciones públicas de la Asociación de Comerciantes e Industriales de la Panificación y Similares de Carabobo (Acipan). A él y al resto del gremio le parecía inexplicables los cálculos de William Contreras, director nacional de la Sundde, para quien la cantidad de panes producidos por saco de harina de trigo debía ser 500 cuando la realidad indica que no pueden hacerse más de 200 unidades por cada 45 kilos del insumo procesados.
Los números también eran claros: 148 bolívares se gasta en promedio por cada canilla solo en ingredientes sin sumarle 5% de la mezcla que se pierde por humedad, los gastos por reposición y mantenimiento de equipos, el pago al personal con incrementos constantes de salario que durante el último año se calculan en 204% y de más de 600% de bono de alimentación, y el alquiler del local.
Y aunque no existía providencia ni Gaceta Oficial, Castillo tuvo que vender canillas a 100 bolívares, campesinos a 180 y pan francés en 50 bolívares durante la jornada del martes. Personal militar y fiscales así lo impusieron. El miércoles la normalidad volvió.
No fue así para Norma Marquina. Desde las afueras de su panadería ubicada en la avenida Las Ferias de Valencia la cola de clientes no paraba. Todos querían aprovechar y comprar 10 panes franceses por 500 bolívares. “Lo vendo a ese precio porque ayer me obligaron. No quiero que me sancionen”.
Los sondeos de Acipan dan cuenta que al menos siete negocios resultaron afectados en sus fachadas por acciones emprendidas por un grupo de desconocidos en municipios del Eje Oriental. En Diego Ibarra y San Joaquín los propietarios se vieron obligados a bajar todas las santamarías ya que hubo personas que llegaron para que vendieran la mercancía a precio supuestamente regulado. En San Diego, Guacara y Naguanagua se reportaron panaderías en las que funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y de la Sundde obligaron a bajar los precios.
