La actividad aduanera está severamente comprometida. (Foto Archivo/El Carabobeño)
Dayrí Blanco
La incertidumbre crece. Vacíos jurídicos, medidas restrictivas y punitivas amenazan la actividad aduanera en el país. Muchos especialistas aseguran que el sector podría desaparecer. Otros se inclinan por el crecimiento de la corrupción. La agudización de la escasez también está planteada. Todo con la entrada en vigencia de la reforma de la Ley Orgánica de Aduanas (LOA).
Se trata de un instrumento jurídico cuyo articulado es exclusivamente sancionatorio. Cipriana Ramos, coordinadora de la Comisión de Aduanas y Asuntos Portuarios de Consecomercio, señaló una serie de factores sujetos a multas que están bajo la dependencia del Gobierno. “La LOA pudiera llevar a la eliminación de los auxiliares de la administración aduanera, suspensión y revocatoria por causales que escapan de sus manos”.
La no declaración dentro del lapso establecido de cinco días hábiles es una situación frecuente que se origina porque el importador no ha recibido los documentos, Bolipuertos no ha entregado el acta al no relocalizar la mercancía en los almacenes, o porque el Seniat no ha autorizado el vaciado del contenedor. Todas son causas no imputables al agente de aduanas ni al importador, pero ambos reciben multas por 50 Unidades Tributarias, y acumulación de sanción para suspensión o revocación de la autorización.
La administración pública también incurre en esas demoras que los afectan. La autorización de cualquier poder en aduana demora hasta 15 días, y si la mercancía está en el país luego de cinco días la multa es impuesta.
Todo indica que la ley es punitiva. Por cualquier error involuntario se aplicarán grandes sanciones. Será difícil que un pequeño o mediano operador aduanal o consolidador pueda soportarlo. Además, se generarán retrasos en los procesos administrativos y legalización de la mercancía en los puertos del país. Estas sanciones se traducirán en más desempleo en las ciudades portuarias, como La Guaira, Puerto Cabello, Valencia, Maracaibo, Táchira, Guanta, Puerto Ordaz y Punto Fijo.
La agente portuaria fue insistente en pedir a las autoridades que convoque a representantes de las aduanas para la redacción del reglamento de la LOA y extender el “vacatiolegis” hasta que los funcionarios del Estado, los importadores, exportadores, agentes de aduana, consolidados, almacenes, porteadores, couriers, líneas y todos los auxiliares de la administración aduanera reciban cursos de actualización.
Campaña en las redes
Aunque su entrada en vigencia representa un gran vacío jurídico, porque se desconoce con exactitud si los 60 días contados a partir de su publicación en la Gaceta Oficial extraordinaria No. 6155 son hábiles o continuos, desde el lunes 19 de enero, a dos meses de dada a conocer la reforma, las redes sociales se han convertido en aliadas de sus detractores.
A través de #leyaduanas2015 se han dado a conocer diversos aspectos claves de la normativa. Agentes aduanales de diferentes partes del país no han dudado en expresarse. Muchos coinciden en que el instrumento liquidará al sector aduanero privado en beneficio de las aduaneras del Gobierno; las sanciones contempladas resultan “impagables”; estipula requisitos inviables y no se ajusta a la jornada diaria de las empresas del sector.
La publicación tomó por sorpresa al gremio aduanero porque fue ejecutada vía Habilitante y no hubo consulta como establece la CRBV, recordó Ramos en entrevista publicada en el portal lapatilla.com. “Desconocemos si los corredactores de la Reforma midieron el costo asociado a los servicios que incidiría en la inflación e informaron al presidente Nicolás Maduro, a los ministros de Finanzas, Industria y Comercio, SENIAT y a la SUNDEE la afectación en los precios y en la oportunidad de llegar a los bienes y servicios de los consumidores”.
Adelantó que se solicitará el criterio de la Cámara de Aseguradores y de la Superintendencia de Seguros frente a la aplicación del instrumento.
