La resolución declara un estado de excepción, detectó el abogado Iván Pérez Rueda. (Foto Archivo/AFP)

Gabriela Espinoza F. || [email protected]

El contenido de la Resolución Nº 8610 declara en cierta medida un estado de excepción por parte de un funcionario que no tiene competencia para ello, como es el caso del ministro de la Defensa, mayor general Vladimir Padrino López. Se trata de un manual de guerra contra los ciudadanos, expuso el abogado constitucionalista Iván Pérez Rueda.

El también responsable de la aprobación de ese texto que fue publicado en la Gaceta Oficial el 27 de enero, consagra la masacre como forma jurídica al calificar de “hermosísimo” y de “profundo respeto a los Derechos Humanos, a la vida y a los manifestantes”, el documento que establece autorizar a los efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) el uso de armas letales como último recurso para controlar las manifestaciones.

Para el también docente universitario la resolución es un manual de guerra contra los venezolanos. “Allí se establece una forma de genocidio y apartheid para quienes protesten en contra del régimen”, sentenció vía telefónica.

En la resolución se reconoce que la FANB no está capacitada para esto, por lo que se da un lapso para el entrenamiento y la realización de un manual que debe elaborarse en tres meses. “Los funcionarios son individual y penalmente responsables, por ello no van a poder excusarse”.

Estas decisiones, que el abogado definió como un acto administrativo, corresponderían a la Asamblea Nacional pero no está entre sus facultades trazarlo porque estaría en contra de la progresividad, y desconocería los acuerdos internacionales firmados por Venezuela y los artículos 22 y 23 de la Constitución nacional.

En ambos apartados de la Carta Magna se establece que los tratados, pactos y convenciones relativos a Derechos Humanos, suscritos y ratificados por Venezuela, tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno, en la medida en que contengan normas sobre su goce y ejercicio más favorables a las establecidas en la Constitución.

Lo que se pretende regular con la resolución Nº 8610 son los derechos fundamentales de naturaleza constitucional de primer grado: la vida y la libertad. Principios que ignora Padrino López.

Pena de muerte

Es aprobar la pena de muerte en el país. Con esta frase describió el presidente del Colegio de Abogados del estado Carabobo Nelson Riedi, la Resolución Nº 008610 del Ministerio de la Defensa.

Observó que se viola el artículo 68 de la Constitución, por autorizar el uso de la fuerza potencialmente mortal. En el apartado se prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas.

Por ello explicó que las fuentes oficiales se contradicen al afirmar que la resolución preserva los Derechos Humanos y la integridad física de las personas en casos de intervención militar en manifestaciones y reuniones públicas.

Pese a esto, se establece la discrecionalidad y facultades represivas en el uso de armas potencialmente mortales en el control del orden público. “El militar debe decidir en el sitio, en el momento de los hechos, el uso o no de un arma para reprimir una manifestación, y todos sabemos que ellos no han sido entrenados para disuadir”, precisó en nota de prensa.

De acuerdo a la resolución, se está estableciendo un nuevo modelo de control militar del orden público, por lo que el máximo representante del gremio de juristas del estado explicó que además de no tener competencia para ello, la FANB carece del entrenamiento adecuado para el control de la seguridad ciudadana, porque esto le corresponde a la fuerza policial civil.

Tratados supraconstitucionales

En materia de Derechos Humanos la normativa también viola los tratados internacionales firmados por Venezuela, que son de carácter supraconstitucional y amparan el derecho que tienen los ciudadanos a reunirse y manifestar en forma pacífica. Textos como la Carta Democrática Interamericana de la Organización de Estados Americanos (OEA); El Pacto de San José o la Declaración Universal de los Derechos Humanos, están siendo violados por la resolución Nº 008610.




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