(Foto Archivo/ El Carabobeño)
Alfredo Fermín || afermin@el-carabobeno.com
El doctor Aníbal Rueda calificó de criminal la amenaza de cierre del diario El Carabobeño y sus centenares de trabajadores. Ante ello, exhortó a que se recurra ante los tribunales constitucionales, para que determinen la responsabilidad del Estado, de sus funcionarios y particulares que han incurrido en violaciones constitucionales por responsabilidad civil, administrativa y penal.
El exrector de la Universidad de Carabobo y expresidente de la Corte Suprema de Justicia expresó esta reflexión con motivo de celebrarse este 23 de junio el Día del Abogado, en defensa de los derechos constitucionales que no se mendigan.
Ante el evidente cierre definitivo del diario El Carabobeño, porque el cierre técnico ya existe, propongo que se interpongan las acciones judiciales contra el atropello a un conjunto de derechos, acción que se hace necesaria, para luego ocurrir a las instancias internacionales, si fuere el caso, sostuvo Rueda.
El jurista argumentó que el Poder Ejecutivo ha logrado cercenar derechos consagrados en la Carta Magna, para que nos conformemos con “el sobro” que nos hace sentir ciudadanos de un régimen democrático. “Nada más incierto, la libertad de libre expresión del pensamiento no existe en un Estado que impide a los medios de comunicación social la obtención, sin mendigar, de instrumentos necesarios para divulgarlos. Además hay incertidumbre en el empresariado por violaciones a la libertad de empresa”.
Rueda afirmó que sin pretender irrespetar el derecho a la igualdad y a la no discriminación, es criminal la amenaza que se cierne sobre centenares de trabajadores de El Carabobeño, dedicados de por vida a esa particular actividad profesional, sin otro mercado alternativo que el bachaqueo, importado del imperio antillano. “Se ha consagrado un cúmulo de violaciones constitucionales, en un sistema de gobierno que se denomina de derecho y de justicia social, donde es difícil encontrar el derecho y más aún, obtener justicia”.
La violación de derechos constitucionales puede ser aceptada o no. De no aceptarse debe recurrirse ante los tribunales constitucionales nacionales, que deben pronunciarse decretando sin lugar el recurso o con lugar. Si es sin lugar, queda expedita la acción internacional, incluso a través de la violación de derechos humanos y aún, en el supuesto de que el Estado venezolano haya denunciado la Convención Interamericana. Si es con lugar, deben restablecerse los derechos vulnerados, detalló el abogado.
