ara Rueda, en el país se abusa groseramente de las normas penales.
(Foto El Carabobeño)
Alfredo Fermín | afermin@el-carabobeno.com
El ex rector de la Universidad de Carabobo, Aníbal Rueda calificó de paradójico que en un estado como el venezolano, que se define de derecho y de justicia, el derecho esté más torcido que nunca.
La afirmación se debe a la convicción de Rueda que en el país se han inventado delitos, se abusa groseramente de las normas penales, se arremete con la fuerza contra cualquier disidente, y como regla general se somete a la población al terrorismo de estado, por el cual se puede ir a la cárcel sin razón alguna. “Y quien resulta beneficiado por la gracia del soberano, y queda en libertad condicional, no puede declarar a los medios y debe presentarse cada ocho días ante los tribunales como un vulgar delincuente”.
El doctor Rueda sostuvo que en este período constitucional, y en especial desde el 12 de febrero, las universidades autónomas del país resisten un ataque inédito, donde se conjugan las acciones de los cinco poderes que conforman el Poder nacional.
El ex rector especificó que el Poder Ejecutivo trata desigualmente a las universidades autónomas, con un cerco económico que no permite un mayor avance académico. “Desde el propio jefe de gobierno hasta su ministro de relaciones interiores han considerado que los manifestantes deben continuar presos porque las protestas persiguen el derrocamiento del gobierno, contrariando a lo que debe caracterizar a un estado democrático”.
El Poder Legislativo no ha sancionado la ley que debe regir el subsistema de educación superior y pretende la aplicación de la Ley Orgánica de Educación desconociendo la vigencia de la Ley de Universidades de 1970, indicó Rueda.
En la ley sancionada, no aprobada, se pretendía la reforma del artículo 109 de la Constitución de 1999, de acuerdo al proyecto de reforma del 2007 que fue rechazada por el pueblo.
Refiriéndose al Poder Electoral, el ex rector dijo que cuando las autoridades de las universidades cumplieron con los lapsos de sus mandatos, implementaron los mecanismos de los procesos electorales, los cuales fueron impugnados con recursos ante la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia que los declaró con lugar.
Lo grave de ello -explicó Aníbal Rueda- es que se instigaba a las autoridades a incurrir en violación de la Constitución, legislando como se lo exigía la Sala Electoral con evidente confusión del voto ciudadano y el voto político. “Por ello las universidades solicitaron avocamiento de la Sala Constitucional lo que creó anarquía e una incertidumbre jurídica que se mantienen”.
A esto agregó Rueda que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en un hecho inédito, estableció a partir de la sentencia contra el alcalde de San Diego, Enzo Scarano que el desacato a la decisión de amparo, de cualquier juez constitucional, será castigado con pena de prisión. “De esta manera se transformó el Derecho Constitucional de los ciudadanos en la comisión de un delito, por lo cual se sigue incrementando el número de manifestantes ilegalmente detenidos, sin derecho a la defensa y enjuiciados por instigación a delinquir, terrorismo y toda una cartilla de tipos penales”.
Rueda afirmó que el Ministerio Público, del Poder Moral, utilizando el monopolio de la imputación hizo de este acto procesal, un instrumento para encarcelar ilegalmente a los estudiantes detenidos, torturados para enviarlos a los centros penitenciarios, como no había ocurrido en dictaduras anteriores. “La Contraloría General de la República está preparada para abrir las investigaciones según los resultados de la comisión de contraloría de la Asamblea Nacional, contra las autoridades universitarias. Se ha dado comienzo con la rectora de la Universidad Central de Venezuela quien fue citada para ser interpelada. Se pretende el mismo mecanismo contra el secretario de la Universidad de Carabobo”.
Aníbal Rueda considera que la justicia penal se ha convertido en un siniestro recurso para doblegar, intimidar, amedrentar y mantener contra la pared, aterrorizada, a la mitad de la población que está en la ruleta rusa de las imputaciones penales.
