El presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Gustavo Mohme. (Foto Archivo)
Alfredo Fermín || afermin@el-carabobeno.com
Gustavo Mohme, presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), advierte que el Gobierno venezolano, más allá de que no cumpla con su propia Constitución Bolivariana, está obligado por los tratados internacionales que ha suscrito a garantizar los derechos humanos en general y la libertad de expresión en particular.
“Si no lo hace, tarde o temprano sus responsables tendrán que dar cuenta y pagar por ello y serán juzgados a nivel internacional“, declaró a El Carabobeño Gustavo Mohme, ingeniero de profesión, director del diario La República, de Perú, y periodista de reconocida trayectoria en Latinoamérica.
¿Cómo ha observado el desarrollo de la estrategia del gobierno de Nicolás Maduro en contra de la libertad de expresión, que no solo sanciona a los periodistas sino a los demás ciudadanos, convirtiendo en delito el derecho a opinar?
-El Gobierno chavista instauró el principio de “información veraz” en la Constitución, lo que generó una serie de iniciativas legales, incluyendo la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión y decretos administrativos, mediante los cuales se acusa a los medios de informar con mentiras para entonces justificar sanciones y persecuciones.
Pero, más allá de eso, la estrategia del Gobierno siempre ha estado basada en una ideología política que desconoce toda opinión plural y diversa, y solo pretende escuchar a las voces simpatizantes. De ahí que el ataque del gobierno del presidente Nicolás Maduro sea no solo a periodistas sino también contra ciudadanos críticos, políticos opositores y contra todo aquel que disienta de su posición.
-¿Cuáles acuerdos obligan al Gobierno venezolano a garantizar los derechos humanos, entre ellos la libertad de expresión?
-Entre otros tratados internacionales, Venezuela es signataria de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la Declaración Americana de los Derechos del Hombre y de la Convención Americana de Derechos Humanos que, claramente, protegen la libertad de expresión y de prensa, derecho de reunión, principios fundamentales que, en la actualidad, están afectados, cercenados y restringidos en el país.
-¿Es inédito el caso del chantaje a los medios impresos, la creación de una empresa del Gobierno para mantener un monopolio del papel para periódicos?
-Desgraciadamente no es inédito.
-Recuérdenos algunos casos, puestos en práctica por dictadores, en contra de la prensa.
-El papel ha sido utilizado por gobiernos de diferentes tendencia scomo medio de presión, extorsión y chantaje, principalmente durante el gobierno de Perón, en Argentina, y los gobiernos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en México.
En ambos casos, el Gobierno mantuvo una especie de monopolio para la fabricación y/o distribución del papel prensa, a través de lo cual presionó y discriminó a aquellos medios que no se doblegaban a la autoridad.
-¿Cuál es su opinión de la situación de El Carabobeño, un diario con 81 años de fundado, convertido en emblema de la libertad de expresión y del pensamiento en Venezuela?
-Lo que le sucede a El Carabobeño y a otros valientes diarios que están intentando sobrevivir, nos concierne a todos: instituciones intergubernamentales y gobiernos americanos. Por eso insistimos en que no podemos quedarnos callados ante este impune ataque contra la democracia y los ciudadanos de Carabobo.
Tal como nos hemos pronunciado, en numerosas ocasiones, el caso de la prensa en Venezuela marcado por la obsesión del Estado de controlar a los medios, está alcanzando niveles dramáticos que han afectado y obligado a la clausura, a la reducción de muchas publicaciones en el país, desde el año pasado. Esta situación ha tenido como grave e inevitable consecuencia la desaparición de importantes fuentes de información, de empleo y de ingreso.
Cada vez quedan menos voces independientes que se sientan libres de criticar y pasar revista sobre la gestión de gobierno sin sufrir represalias. Esto, claramente, contraviene los derechos a la libertad de expresión y de prensa, contenidos en tratados internacionales firmados por Venezuela, y deja a la ciudadanía en estado de indefensión.
