«La prensa escrita atraviesa por otra severa amenaza», advirtió. (Foto EFE)
EFE
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) denunció hoy el «agravamiento de la situación de deterioro democrático» en Venezuela «y sus efectos destructores sobre la libertad de prensa».
«En los últimos seis meses se ha producido una gran cantidad de protestas y manifestaciones públicas, en el curso de las cuales muchos ciudadanos, en su mayoría jóvenes estudiantes y periodistas, fueron detenidos, amenazados, algunos torturados y otros procesados judicialmente», afirma la SIP.
«A los trabajadores de la prensa les han sido decomisados sus equipos y (han visto) limitada o entorpecida su labor», según el informe sobre Venezuela elaborado por la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, que será discutido en la 70ª asamblea general, que se celebra en Santiago de Chile.
Estas acciones han sido obra de «funcionarios policiales o militares», así como de «los llamados ‘colectivos populares’, grupos civiles armados identificados ideológicamente con el Gobierno», sostiene la SIP.
«La prensa escrita atraviesa por otra severa amenaza para su subsistencia debido a la escasez de papel periódico y demás insumos esenciales, limitación que determina el cierre paulatino de medios independientes o la reducción de sus páginas a mínimos históricos», agrega.
Por este motivo, más de 30 medios impresos están afectados por la escasez de papel, y al menos 12 han dejado de circular temporal o definitivamente, señala el informe de esta organización, que agrupa a más de 1.300 periódicos y revistas del continente americano.
El Estado creó una corporación editorial dependiente de la Presidencia «que se encarga de procesar las importaciones de papel y revender luego, a discreción siempre, las cantidades requeridas por los medios impresos», relata el informe.
El documento recoge la opinión del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, en el sentido de que la centralización de las importaciones de papel periódico a través de un único ente dependiente de la Presidencia, significa «institucionalizar el control del Estado sobre la prensa», de tal suerte que en sus manos está la supervivencia o desaparición de los medios impresos.
La SIP también se hace eco de la opinión de Miguel Henrique Otero, presidente del diario El Nacional, sobre «las dificultades que soportan los editores y quien denunció que están expuestos ‘a una descalificación’ de la cual es imposible defenderse».
«Nos involucran en magnicidios y terrorismos para sembrar el miedo y deslegitimarnos», se queja Otero, quien también denuncia una constante «presión administrativa y económica».
Entre septiembre de 2013 y septiembre de 2014, varios periódicos dejaron de circular, entre ellos el Diario de Sucre (estado Sucre), Antorcha (estado Anzoátegui), El Expreso y El Guayanés (estado Bolívar), la Revista M y el gratuito Primera Hora.
Otros cuatro han suspendido de manera temporal sus operaciones, los diarios Versión Final (Zulia), De Frente (Barinas) y El Sol de Maturín, y la Revista Etcétera, editada por el diario La Prensa (Monagas).
Fueron suspendidos igualmente los suplementos Eva’s y Chamo’s, del diario El Siglo (estado Aragua) y Papel Literario de El Nacional. Unos 34 periódicos y revistas de 11 estados han expresado dificultades para mantener sus operaciones y se han visto obligados a reducir el número de páginas o a dejar de circular los fines de semana.
«Además de los problemas de la prensa escrita, los periodistas están afectados por el clima de inseguridad creciente», denuncia la Sociedad Interamericana de Prensa, que también se queja de que en la cobertura de los episodios violentos ocurridos en Venezuela «las fuerzas de seguridad han impedido el trabajo de los periodistas, mientras que los medios de Estado y los privados coludidos con el Gobierno han guardado silencio».
«A todo esto hay que sumarle que persiste el control del Estado sobre todo en el espectro radial, televisivo, escrito, tendencia que ahora también se expande hacia las redes sociales», concluye la SIP.
«La autocensura ha cobrado un auge inusitado debido al contexto de violencia y a los procesos judiciales penales, prohibiciones de salida del país, campañas de difamación, o la pérdida de las licencias en el caso del ámbito radioeléctrico»,asegura.
La SIP además denuncia «innumerables cierres de portales de Internet y cuentas de Twitter» cuando «los órganos de control consideran que se han trasmitido informaciones, formulado opiniones o difundido noticias lesivas a la revolución».
