Luis Alejandro Borrero|@LABC7
Tres citaciones a periodistas. Todas las hizo el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). Rayaron en los límites del secuestro, condenó Marco Ruiz, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP). “Los compañeros, una vez que entraron al Sebin, fueron incomunicados. Cuando terminaron de declarar no se les dejaba salir”. Cuando se está preso hay normas —incluso internacionales— que no se cumplieron contra Yosselyn Torres y Darvinson Rojas, periodistas de El Pitazo.
Ruiz dijo que el SNTP ha mantenido el acompañamiento moral y legal. Torres y Rojas fueron objeto de comentarios intimidatorios, amenazas veladas sobre sus círculos familiares e incluso del lugar donde residen. “Cuenta Yosselyn que seis de los siete funcionarios no tenían identificación. Allí hay una clara situación de vulnerabilidad que puede afectar su integridad”. Por ello el SNTP solicitó el miércoles medidas de protección al Ministerio Público (MP) en ambos casos.
Se presentó una denuncia formal contra el Sebin. El teléfono de Rojas no ha sido devuelto. No se ha garantizado la cadena de custodia del aparato. Ruiz advierte que cualquier elemento que allí se encuentre posterior a la citación del periodista carece de validez. Informó que no se le ha devuelto su teléfono. “Llamamos al MP, a la Defensoría del Pueblo. Estos son hechos violatorios de la Constitución que buscan intimidar y generar censura”.
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Queda en evidencia el interés del Gobierno: eliminar cualquier evidencia a partir de la cual se pueda conocer victimarios y violadores de Derechos Humanos. Robar o destruir equipos celulares o de grabación es un ejemplo en el caso de los comunicadores, citados el 24 y 25 de junio y forzados —en vano—a revelar sus fuentes sobre el caso de un pistolero que entró al Banco Central de Venezuela (BCV). “Los periodistas no tienen por qué ir a rendir declaraciones en calidad de nada. Nosotros hacemos un trabajo de investigación amparado por la Constitución”.
Diosdado Cabello criticó a Román Camacho, periodista de La Patilla por no revelar su fuente sobre el caso del BCV. Para Ruiz no hay que extrañarse. El periodista tiene una obligación moral y ética de preservar su fuente e integridad. “Se apunta a desvirtuar lo que ocurrió con las agresiones. Esto no fue minúsculo”. El sindicalista concluyó que no revelar un dato no hace al periodista cómplice en un hecho punible. Lo que ocurrió en el BCV es un hecho inédito. “No se tiene que andar investigando periodistas, sino cómo un hombre armado llegó hasta el segundo piso del Banco, en una institución donde las medidas de seguridad son extremas”.
