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Familiares y abogados de los jóvenes esperaron durante todo el día el posible traslado. (Foto Clemente Espinoza)

Dayrí Blanco / Luisa Quintero

El reloj marcó las 5:00 p.m. del domingo y Lorent Gómez Saleh y Gabriel Valles no habían llegado al Palacio de Justicia de Valencia. A partir de esa hora el sistema del Ministerio Público no admite audiencias de imputados trasladados, por lo que sus defensores estimaron que se haría efectivo durante la noche, para mantenerlos en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) de Naguanagua hasta la mañana de este lunes, cuando se espera que a las 10:00 a.m. se haga la presentación.

Desde las 9:00 a.m. los abogados esperaban el arribo de los jóvenes que aún permanecían en el Sebin de Plaza Venezuela de Caracas, tras su comparecencia la noche del sábado ante el Tribunal 47 de Control, que declinó los casos al Tribunal 11 de Control de Valencia, por tener causas abiertas de los acusados.

El proceso se ha empañado por serias irregularidades. Así lo denunciaron los abogados. Desde el primer momento, las dos capturas fueron ilegales, tomando en consideración que el Gobierno colombiano ratificó en el comunicado publicado por la cancillería que los detenidos habían sido expulsados. La palabra extradición no aparece en ninguna de las líneas del documento. Por lo que el procedimiento legal era darles un plazo de 48 horas para que salieran del país. Entregarlo a un gobierno que lo persigue, aunque sea el de origen, es ilegal, a menos que Interpol lo haya solicitado, y en el caso de ambos activistas no fue así. Sin embargo, el defensor de Saleh, Alfonso Granadillo, dijo que aún no ha tenido acceso al expediente y no conoce las condiciones reales de la detención.

Yamilé Saleh, madre de Lorent Gómez Saleh, dio más detalles de las irregularidades de la aprehensión. Para ella, los derechos humanos de su hijo se comenzaron a violar en suelo colombiano y se han intensificado desde su llegada a Caracas. El 27 de agosto las autoridades migratorias del país vecino le otorgaron un salvoconducto por 10 días con el fin de regularizar su permiso académico. Pero antes del vencimiento de ese beneficio fue detenido. Su mamá aseguró que él estaba en plenos trámites legales para cumplir con su deber.

El defensor de Gabriel Valles será el abogado del Foro Penal Carabobo, Luis Rafael Betancourt. Se conoció que las presentaciones de los imputados se harán de forma individual por ser casos diferentes.

Solo los abogados del Foro Penal pudieron conversar brevemente con los detenidos a las 9:00 p.m del sábado para conocer su situación de salud y comunicarla a los familiares. Pasadas las 10:00 p.m del domingo se desconocía el paradero de los jóvenes, pues no se sabía con certeza si todavía se encontraban en la sede del Sebin en Caracas o fueron trasladados a Valencia. La madre de Saleh llevaba más de 72 horas sin poder hablar por vía telefónica o personal con su hijo, por lo que se encontraba esperanzada de que su situación de salud fuese estable. Hasta este domingo Yamilé Saleh no se había vuelto a comunicar con su hijo desde el jueves, día de la captura cuando, desde el Puente Internacional Simón Bolívar, Lorent la llamó para decirle que se le estaban violando sus derechos y que responsabilizaba al gobierno de Santos de lo que le pudiera suceder.

Desde el 2012 el joven de 26 años se encuentra fuera de Venezuela. Su estadía se ha dividido entre Colombia y Costa Rica. Sus intenciones eran establecerse en Bogotá, pero sentía gran temor de solicitar asilo político en el gobierno de Juan Manuel Santos.

Según la opinión de quienes estuvieron el domingo acompañando a la madre de Saleh, se trata de un acuerdo de intereses entre Santos y Nicolás Maduro, ante las reuniones sostenidas por el activista venezolano con el expresidente y opositor de ambos mandatarios, Álvaro Uribe.

A instancias internacionales

La madre del líder de Operación Libertad advirtió que denunciará el caso ante instancias internacionales, pues a su hijo le violaron todos sus derechos. Recordó que en el numeral 8 del artículo 2 de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, que suscribieron ambas naciones, se establece que en ningún caso el extranjero puede ser expulsado o devuelto a otro país, sea o no de origen, donde su derecho a la vida o a la libertad personal está en riesgo de violación a causa de raza, nacionalidad, religión, condición social o de sus opiniones políticas. Una vez más, Yamilé Saleh responsabilizó a Juan Manuel Santos por lo que le pueda suceder a su hijo. Exhortó al Gobierno venezolano a respetar su integridad física, y las garantías constitucionales.

Tortura psicológica

El director del Foro Penal Venezolano, Alfredo Romero, indicó vía Twitter que “aislar e incomunicar a personas detenidas o presas es una forma de tortura” pues va en contra de los establecido en el artículo 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Esta situación también atenta contra el artículo 44, numeral 2 de la Constitución que dice “toda persona detenida tiene derecho a comunicarse de inmediato con sus familiares, abogado o abogada o persona de su confianza, y éstos o éstas, a su vez, tienen el derecho a ser informados o informadas del lugar donde se encuentra la persona detenida, a ser notificados o notificadas inmediatamente de los motivos de la detención y a que dejen constancia escrita en el expediente sobre el estado físico y psíquico de la persona detenida, ya sea por sí mismos o con el auxilio de especialistas”.

Antecedentes

Ambos imputados tienen casos pendientes desde agosto de 2009, tras haber sido detenidos junto a otros nueve jóvenes por la Policía Municipal de Valencia, por escribir grafitis en contra de la promulgación de la Ley de Educación. El Tribunal 2º de Control del estado Carabobo, a cargo de la juez Nairibes Luzardo, les dictó medida cautelar sustitutiva de privativa de libertad, con régimen de presentación, y en el caso de Saleh prohibición de salida del estado. Estas medidas fueron incumplidas. Por eso tienen orden de captura. Trascendió que jurídicamente, tanto a Valles como a Gómez Saleh, se les revocaría la medida cautelar y se les dictaría privativa de libertad. Los defensores apelarán bajo el argumento de que cometieron una falta, mas no un delito.

El líder de la Operación Libertad fue aprehendido en mayo de 2011 durante una protesta en el Circuito Judicial Penal de Barinas. En esa oportunidad se le imputaron los delitos de resistencia y desobediencia a la autoridad, y agresiones personales. Fue liberado bajo la condición de presentarse cada cinco días y con prohibición de acercarse al lugar de los hechos.

Durante la mañana del domingo, pese a que familiares y abogados de los detenidos se mantuvieron en las afueras del Palacio de Justicia, la audiencia no iba a ser posible, por no estar de guardia el Tribunal 11 que lleva los casos. El juez 1ero de Control, Luis Pantaleón, era quien estaba en el lugar a cargo de las 32 presentaciones pautadas para ese día.




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