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Thierry Herzog, Nicolas Sarkozy y Gilbert Azibert (Foto AFP)

EFE

Nicolas Sarkozy, el primer expresidente de Francia que declara en calidad de detenido, continúa este martes en los locales de la policía judicial en Nanterre, a las afueras de París, tras 14 horas de interrogatorio.

El político conservador y jefe del Estado francés entre 2007 y 2012 presta testimonio con acceso a asistencia letrada por presunto tráfico de influencias y violación del secreto de instrucción de otros casos abiertos contra él.

Sarkozy puede permanecer hasta 48 horas bajo la jurisdicción de la policía judicial, a cuya sede del distrito de rascacielos de La Défence, aledaño a París, llegó esta mañana en un vehículo con los cristales tintados.

Al término de la comparecencia puede quedar imputado por alguno de los citados delitos, colocado como simple testigo o declarado “testigo asistido”, una figura jurídica que se sitúa entre las dos anteriores.

La decisión judicial es particularmente delicada porque los allegados de Sarkozy y el propio expresidente han ido preparando el terreno de su regreso a la política con las elecciones de 2017 a la vista.

De ser declarado culpable al final del proceso, se enfrentaría a una pena máxima de cinco años de cárcel y a una multa de medio millón de euros.

También se toma testimonio -desde ayer- a su abogado, Thierry Herzog, y a dos altos magistrados franceses, Gilbert Azibert y Patrick Sassous, con el objetivo de saber si el exjefe de Estado y su entorno crearon una red de informadores que les mantenía al tanto de la evolución de los procesos judiciales que amenazan al político.

Los investigadores, que grabaron conversaciones telefónicas de Sarkozy, sospechan que su abogado recababa información de consejeros del Tribunal Supremo relativa a los avances en la investigación sobre la presunta financiación ilegal de la campaña que llevó a Sarkozy al Palacio del Elíseo.

Según esa teoría, el defensor de Sarkozy prometió como contrapartida a Azibert que el expresidente le ayudaría en su demanda de conseguir un puesto que buscaba en la administración de Mónaco.

Uno de los elementos que pusieron en alerta a los jueces que conducen la instrucción, y que pincharon el teléfono del expresidente, fue el hecho de que Sarkozy abriera una segunda línea de móvil con un pseudónimo para comunicarse discretamente con su abogado sobre los avances de los procesos judiciales, de los que supuestamente le informaban los citados magistrados.

Así nació el llamado “caso de las escuchas”, un dossier derivado de una investigación que intenta determinar si el político recibió financiación ilegal para su campaña presidencial de parte del depuesto dictador libio Muamar el Gadafi.

Sarkozy, de 59 años, no habló con la prensa al llegar a declarar esta mañana, pero su familia política señaló durante el día que la medida judicial responde a un plan de caza y derribo que se activa cada vez que el que fuera inquilino del Palacio del Elíseo amaga con regresar activamente a la política.

Durante el interrogatorio, el periódico “Le Parisien” publicó en su web y citando a fuentes próximas al político que a pesar de los obstáculos judiciales, Sarkozy busca para su retorno un “brazo derecho” en el que apoyarse.

Además, se plantea cambiar el nombre de la Unión por un Movimiento Popular (UMP), formación conservadora sumida en una profunda crisis interna y salpicada también por varios escándalos de corrupción.

“Cada vez que habla de su eventual vuelta, sorprendentemente, se le acosa con un asunto judicial que inmediatamente se viene abajo”, declaró la delegada general adjunta de la UMP, Valérie Debord.

Por su parte, el portavoz del Gobierno y ministro de Agricultura, el socialista Stephane Le Foll, dijo que los magistrados deben “ir hasta el final” porque “Nicolas Sarkozy es un justiciable, como los demás”.

La de tráfico de influencias es una de las muchas investigaciones que salpican al expresidente.

Entre ellas se cuentan otra por supuesta financiación ilegal de parte de la multimillonaria heredera del grupo de cosméticos L’Oreal, Liliane Bettencourt, o la presunta mediación de Sarkozy en un pleito en un tribunal de arbitraje entre el empresario Bernard Tapie y el Estado, cuyas arcas perdieron 403 millones de euros.

En esa instrucción, la del llamado “caso Tapie”, también se investiga a Christine Lagarde, entonces ministra de Economía de Francia y actual directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI).

En 2011, el también presidente conservador Jacques Chirac (1995-2007), fue condenado a dos años de cárcel exentos de cumplimiento por malversación de fondos y otros delitos cometidos en los años noventa como alcalde de París y juzgados tras perder su inmunidad parlamentaria.




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