La Casa Blanca ha intentado cerrar el penal durante seis años. (Foto Archivo)
EFE
Senadores republicanos y demócratas analizaron este jueves las ventajas y desventajas de cerrar el penal estadounidense de Guantánamo (Cuba), una compleja maniobra que la Casa Blanca ha intentado durante seis años y se ve entorpecida por el temor a que los liberados retornen al yihadismo.
En una audiencia del Comité del Senado de las Fuerzas Armadas, el subsecretario de política de Defensa, Brian McKeon, recordó que la cárcel de Guantánamo es usada como un instrumento de propaganda por grupos radicales y consideró que el sistema de justicia de EE.UU. puede asimilar a aquellos reclusos a espera de juicio.
Esa opinión no calmó las dudas de algunos senadores republicanos, que ven con preocupación la intención del presidente estadounidense, Barack Obama, de acelerar las transferencias de presos, y las recientes noticias de que un talibanes liberado en mayo pasado volvió a contactar con terroristas.
El pasado mayo, Estados Unidos acordó intercambiar cinco mandos talibanes presos durante más de una década en la base naval situada en territorio cubano a cambio del sargento estadounidense Bowe Bergdahl.
Los cinco se encuentran en Catar bajo estrecha vigilancia de los servicios secretos, lo que no evitó que, al menos, uno de ellos haya intentado volver a implicarse en actividades terroristas.
El representante del Pentágono insistió en que las transferencias se hacen con las mayores garantías de seguridad posibles y que, pese a que esta primavera los cinco talibanes podrán regresar a Afganistán, hay salvaguardas, aunque son secretas.
Otra duda de los senadores, que deben ser notificados 30 días antes de las transferencias, es qué pasará si la coalición internacional captura al líder del EI, Abu Bakr al Bagdadi.
Los senadores republicanos se inclinan por mantener ciertas holguras que permite Guantánamo, como interrogatorios sin defensa legal ni plazos claros, negación del derecho a no declarar y custodia militar.
El funcionario del Pentágono indicó que, tanto para nuevos capturados de la guerra contra el terrorismo islamista como para aquellos reos de Guantánamo que no sean puestos en libertad, el proceso será militar o, preferiblemente, el sometimiento a los tribunales federales estadounidenses.
Según el subdirector del Centro Nacional de Contraterrorismo, Nick Rasmussen, la existencia de la prisión de Guantánamo, donde se produjeron interrogatorios considerados tortura en el pasado y donde se ha creado un sistema fuera de las garantías legales estadounidenses, es un "instrumento de reclutamiento".
McKeon dijo que el plan del Pentágono para cerrar el polémico penal, donde aún quedan 122 reos, pasa por tres fases: transferir a los 54 que han recibido el visto bueno para ser enviados a un tercer país, acelerar el proceso de revisión de otros 58 y procesar en territorio estadounidense a los que estén o sean sometidos a un proceso judicial.
Este proceso, que en un principio parece sencillo, está lleno de baches.
Entre aquellos presos que se encuentran en proceso de revisión de su caso, hay algunos que son considerados peligrosos, pero las pruebas contra ellos están tan manchadas por la tortura o por información que EE.UU. quiere mantener en secreto y que, en un eventual juicio, daría muchas vías a la defensa para ponerlos en libertad.
La Casa Blanca y el Departamento de Estado han mantenido tensas relaciones con el Pentágono por la lentitud con la que han procedido para conseguir vaciar el penal antes de que Obama abandone el poder en enero de 2017.
Por culpa de Guantánamo, el secretario de Defensa, Chuck Hagel, va a abandonar su puesto en cuanto se confirme a su sucesor, mientras que en diciembre pasado el enviado del Departamento de Estado para el cierre de la prisión, Cliff Sloan, dimitió frustrado con el lento progreso en el Pentágono.
Durante el mandato de Obama, EE.UU. ha reducido a la mitad la población carcelaria de Guantánamo con 44 transferencias en los últimos dos años.
Entre los que probablemente nunca verán la libertad se encuentran Jalid Sheij Mohamed, acusado de ser el cerebro de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en EEUU (11-S), y cuatro de sus cómplices, quienes actualmente se enfrentan a la pena de muerte en comisión militar.