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Luis Alejandro Borrero || lborrero@el-carabobeno.com

Yosleida de Cumaray recibió las llaves de su apartamento en
mayo pasado. Cuatro días después abrió el grifo y no salió agua: “Así estuvimos
más de una semana”. Se le dijo que tendría gas directo, pero compra bombonas.
Se le prometió electricidad y ella misma tuvo que pagar por cables para
instalarlos. En Copoazú, los planes de la Misión Vivienda no funcionan cuando el
Gobierno abandona el proceso de contraloría, sostuvo.

El urbanismo en Los Guayos tendría dos etapas de 180
apartamentos cada una. Solo se culminó la primera y con un retraso de 10 meses.
Los materiales los aprobó el Gobierno. “Antes de mudarnos veíamos a
Construpatria entregando recursos”. Pero la ejecución la haría la empresa
privada, representada por constructora Torvar, inhabilitada para contratar con
el Estado, según el Registro Nacional de Contratistas (RNC).

Los apartamentos fueron entregados sin servicios
garantizados. Vecinos denuncian que la Hidrológica del Centro rechazó la
petición de prestar servicio directo allí porque no tenía un caudal para
satisfacer la demanda de 360 familias. “No sabemos por qué se continúo la obra.
Hoy dependemos de camiones cisterna. Uno diario no puede con la demanda de las
25 familias que han logrado mudarse”.

No hay seguimiento, lamentan vecinos. “No sabemos a
quién pedirle ya”.  Wilfredo Vargas,
contralor municipal titular, está en un cargo que venció hace 54 meses. “Le
pedimos al nuevo ministro de Vivienda que venga y vea con sus propios ojos
nuestra situación”. Los apartamentos no son regalados, cuando el exministro de
vivienda, Ricardo Molina, inauguró el comienzo de obras, formaba parte del plan
de la Misión para clase media.

El Carabobeño intentó contactar a Gerardo Toro, director
principal de Torvar con 10% de acciones y presidente de la Cámara de la
Construcción de Carabobo. No hubo respuestas.

 




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