Los ciudadanos decidieron secundar la opción preferida por el Gobierno. (Foto Archivo)

EFE

La población suiza rechazó este domingo en referéndum tres iniciativas populares que pretendían restringir aún más la inmigración, aumentar y bloquear las reservas de oro, y eliminar los privilegios fiscales de los que gozan los extranjeros ricos residentes en Suiza.

Con un 74,1 por ciento de los votos y en todos los cantones sin excepción, los suizos rechazaron la iniciativa que pretendía limitar aún más la inmigración estableciendo un porcentaje máximo de crecimiento de los extranjeros residentes en la Confederación Helvética.

Asimismo, los suizos rechazaron con un contundente 77,3 por ciento de los votos una iniciativa que pedía al Banco Nacional Suizo (BNS) ampliar sus reservas de oro hasta, como mínimo, un 20 por ciento de sus activos, que dichos depósitos no puedan ser vendidos, y que todos estén consignados en la Confederación Helvética.

Finalmente, los suizos también rehusaron con el 59,2 por ciento de los votos una iniciativa que pretendía eliminar los privilegios fiscales que permiten que los extranjeros ricos residentes en el país paguen impuestos en función de sus gastos y no de su fortuna y de sus ingresos, como el resto de ciudadanos.

Los ciudadanos decidieron secundar la opción preferida por el Gobierno, que había rechazado las tres iniciativas.

El objetivo de la primera iniciativa, presentada por un colectivo denominado Ecopop, era frenar el aumento de la inmigración en la Confederación Helvética para así, supuestamente, poder preservar el medio ambiente.

Diez meses después de que se aprobara también en referéndum una iniciativa para limitar la inmigración restableciendo cuotas, los helvéticos decidieron en gran mayoría no seguir restringiendo el número de extranjeros en su territorio.

Concretamente, la iniciativa “Freno a la superpoblación-Sí a la preservación duradera de los recursos naturales” pedía que se inscribiese en la Constitución que el crecimiento anual de los inmigrantes permanentes en Suiza sería de un máximo de 0,2 %.

Por otra parte, de aprobarse la iniciativa la Confederación debía invertir al menos un 10 % del monto que consagra a cooperación internacional a programas de planificación familiar de voluntarios.

El gran argumento usado por el Gobierno fue los problemas que la entrada en vigor de una iniciativa similar a la aprobada en febrero acarrearía para las relaciones con la Unión Europea, ya de por si, muy tensas.

El texto dio tres años al Gobierno para adaptar las leyes, para lo cual no le queda otra alternativa que renegociar el acuerdo de libre circulación con la UE.




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