Zaida D. Arias Molina
El Centro de Estudios Políticos de la Universidad Católica Andrés Bello, y las organizaciones no gubernamentales como Ciudadanía Activa, Asociación Civil Control Ciudadano, la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia, el Observatorio Venezolano de los Derechos Humanos de las Mujeres, Compromiso Ciudadano y la Fundación Comunidades Ciudadanas del Municipio Sucre del Estado Miranda (Comunidanas) sostienen que en la recolección de firmas del 20% previsto como paso siguiente, corresponde a la circunscripción nacional, pues es la que la Constitución establece para la elección del funcionario cabeza del Poder Ejecutivo, objeto en este caso del revocatorio.
Este viernes, las instituciones mencionadas emitieron un comunicado conjunto a través del cual cuestionan el comportamiento asumido hasta ahora por el organismo comicial durante el proceso de validación de manifestaciones para que se realice el mecanismo constitucional, para de dejar sin efecto la función de primera magistratura de Nicolás Maduro.
En el documento expresan que para la recolección del 20% previsto como paso siguiente, corresponde a la circunscripción nacional, pues es la que la Constitución establece para la elección del funcionario cabeza del Poder Ejecutivo, objeto en este caso del revocatorio.
“Cualquier intento de distribuir dicho porcentaje proporcionalmente según entidades federales es arbitrario, sesgado, contrario y violatorio de la Constitución”.
Las organizaciones civiles advierten que para la recolección de dicho 20%, tienen derecho a participar “todos los ciudadanos inscritos en el registro electoral; motivo por el cual para la recolección de las manifestaciones de voluntad para la petición de referéndum revocatorio del mandato del Presidente de la República el CNE debe generar las condiciones para garantizar el ejercicio irrestricto de tal derecho habilitando todos los centros y mesas de votación, incluyendo las embajadas y oficinas consulares. Ello con el fin de que todos los ciudadanos tengan la misma oportunidad de manifestar su voluntad mediante un proceso eficiente y que goce de la celeridad de la que sabemos que el CNE es capaz por procesos anteriores.
También demandan al árbitro que haga pública la convocatoria y el cronograma de las elecciones regionales, ya en mora, considerando que las mismas deben celebrarse antes del 16 de diciembre de 2016, día en el cual se vencen los mandatos constitucionales de los gobernadores y miembros de los Consejos Legislativos electos el 16 de diciembre de 2012.
“Observamos con mucha preocupación que las instituciones llamadas a cumplir lo establecido en nuestra Carta Magna toman decisiones que, lejos de facilitar, obstruyen y dificultan el ejercicio de los legítimos derechos de la ciudadanía consagrados constitucionalmente”.
Rebatieron que durante las últimas semanas, el Consejo Nacional Electoral ha abandonado los principios que deben guiar su actuación, y se ha evidenciado un comportamiento contrario a lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela al impedir el pleno ejercicio de los derechos políticos de los ciudadanos. En este sentido, “exigimos al CNE ajustarse a los principios de celeridad, transparencia y eficiencia en la administración de éste y todos los procesos electorales subsiguientes”.
A pesar de este escenario adverso, felicitaron a la ciudadanía venezolana por la muestra de civismo y actitud democrática demostrados durante las cinco jornadas que duró el proceso de validación (realizado entre los días 20 y 24 de junio de 2016 para recolectar 1% de las manifestaciones de voluntad).
“Es evidente que el pueblo venezolano cree y valora los mecanismos democráticos de participación establecidos en la Constitución como la mejor manera de dirimir los graves conflictos sociales que vive nuestra nación”.
Insisten al final del escrito, que las fuerzas políticas presentes en la Asamblea Nacional retomen con carácter urgente el trabajo ya iniciado por la Comisión de Política Interior hace varios meses para avanzar en la aprobación de una reforma electoral orientada a garantizar el pleno ejercicio de los derechos políticos de todos ciudadanos, mediante el restablecimiento de la legalidad, integridad y equidad de los procesos electorales a fin de recuperar la confianza de los electores sobre los procesos comiciales y sus resultados, y limite en su justa medida la excesiva discrecionalidad del Consejo Nacional Electoral en la conducción de los procesos electorales.
