AP
A 48 horas de la marcha en Caracas para
exigir la pronta realización del referendo revocatorio del mandato de Nicolás
Maduro crecen las acusaciones del oficialismo sobre eventuales actos de
violencia y las denuncias de la oposición de una persecución a sus dirigentes.
La detención la víspera del integrante de Voluntad Popular Yon
Goicoechea, acusado por un dirigente oficialista de tener en su poder
«cordones detonantes para explosivos», encendió la alarma en la
oposición.
Su arresto coincidió con el ataque con bombas incendiarias y
excremento que sufrió la madrugada de este martes la sede del diario El
Nacional, fuerte crítico del gobierno, y la situación que enfrentaron el lunes
cinco trabajadores de la cadena de noticias árabe Al Jazeera que fueron retenidos
por las autoridades en el aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiquetía,
según indicó en su cuenta de Twitter el Sindicato Nacional de Trabajadores de
la Prensa.
Las autoridades no han ofrecido hasta el momento comentarios
sobre esos hechos.
«Hay
un desborde represivo por parte de la cúpula gobernante», afirmó este
martes el secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Jesús
Torrealba, al condenar el arresto de Goicoechea y el allanamiento de las
viviendas de otros dos dirigentes de Voluntad Popular.
A ello se sumó la anulación el sábado del arresto domiciliario
del exalcalde Daniel Ceballos, también dirigente de Voluntad Popular, quien fue
trasladado a una cárcel del centro del país acusado de estar preparando una
supuesta fuga.
Torrealba admitió que las horas previas a la marcha del 1 de
septiembre son de «peligro» y sostuvo que el gobierno está
«desesperado» por la severa crisis económica que enfrenta el país y
la caída en la popularidad de Maduro, que ronda el 20% según las principales
encuestadoras locales.
El dirigente descartó una eventual situación de violencia y dijo
a The Associated Press que «a lo que más le tiene miedo el pueblo
venezolano es a que continúe el mandato de Maduro».
«El
1 de septiembre no es el final de nada. Es el inicio de un proceso, de una fase
que será muy probablemente definitiva en esta crisis política», indicó
Torrealba.
La oposición utilizará la movilización para impulsar la
recolección en las próximas semanas de las firmas de 20% de los electores
necesarias para activar el referendo contra Maduro.
La oposición apuesta a realizar este año la consulta, pero el
cronograma que planteó el Consejo Nacional Electoral ha generado dudas de que
el referendo pueda darse antes del 10 de enero de 2017, cuando se completará
más de la mitad del mandato de Maduro. La constitución establece que de
realizarse el referendo luego de superarse más de la mitad del período
presidencial los dos últimos años de gobierno deben ser completados por el
vicepresidente.
Algunos
analistas estiman que para la oposición es crucial lograr una masiva
participación en la marcha para presionar desde las calles la realización del
referendo este año.
El ministro de Relaciones Interiores, mayor general Néstor
Reverol, anunció el martes que de acuerdo con informaciones de inteligencia se
presume que en la concentración opositora «se ejecuten actos de violencia
y de desestabilización».
Reverol indicó, sin ofrecer más detalles, que se aplicará un
conjunto de acciones para garantizar el orden. Las autoridades suspendieron
entre el 27 agosto y el 5 de septiembre los vuelos privados y de drones sobre
la capital.
«Nosotros vamos al contrataque. Nosotros vamos a la batalla
y vamos a la victoria», afirmó el prominente dirigente oficialista, el
diputado Diosdado Cabello.
«Todo aquel que esté participando activamente en el golpe
de Estado, llámese como se llame, tenga plata o no tenga, se ponga sotana o no
se ponga, va a ir a la cárcel», dijo Cabello.
El diputado advirtió que el oficialismo saldrá a las calles de
Caracas en los próximos dos días con el objetivo de defender la capital como
«bastión principal de la revolución».
Las autoridades descartaron que vayan a autorizar a la oposición
marchar por Caracas, lo que limitaría la movilización de los sectores adversos
al gobierno al este de la ciudad, que es controlada por alcaldes
