(Foto Eduardo Valencia)
Dayrí Blanco
El ambiente laboral sigue tenso. Las acciones de calle parecen no tener freno. Los 10 mil tercerizados y más de tres mil despedidos en Carabobo insisten en que se acate la orden de reenganche del Ministerio del Trabajo. Por eso acudieron la mañana de este lunes a la sede del Palacio de Justicia, donde reposan más de mil 500 casos de apelación desde hace dos años sin respuesta.
Menos de 5% de quienes antes del 7 de mayo debían pasar a las nóminas formales de las empresas han sido beneficiados, mientras que los despidos injustificados en medio de un decreto de inamovilidad se siguen registrando. Franklin León, representante legal de los trabajadores, indicó que en esta oportunidad entregaron un documento a la presidenta del Circuito Judicial del estado Carabobo, Elsa Hernández, en el cual le solicitan mayor rapidez para los casos que ya agotaron sus ciclos legales en las inspectorías y se encuentran en los tribunales laborales desde hace años y que aún no han recibido sentencia por parte de ningún juez
Solo el caso de los despedidos de General Motors en marzo, mediante un laudo arbitral, ha sido atendido. Mariela Herrera, trabajadora de la planta, informó que tras la orden que obliga a la ensambladora reingresar a su nómina a los 466 trabajadores cesanteados, hasta el momento han sido llamados a su puestos 260 y se espera que el resto tengan la misma suerte.
