AFP

La huelga general convocada por la oposición venezolana para aumentar la presión contra el presidente Nicolás Maduro era acogida parcialmente este viernes, lo que fue calificado por el gobierno como un «fracaso».

Calles y avenidas de Caracas y otras ciudades del país lucían con menos movimiento que lo usual, pero el transporte y algunos comercios y escuelas están funcionando, universidades importantes cerraron pero los bancos están abiertos.

«La situación está muy difícil como para no trabajar», dijo a la AFP Alicia de Garcés, de 74 años, quien ilustró que su juguetería contrató varios empleados en la Navidad pasada y esta vez no habrá ninguno adicional. «La gente no compra juguetes, todo se va en comida», agregó.

La huelga es parte de la ofensiva que lanzó el pasado miércoles la  Mesa de la Unidad Democrática (MUD) para forzar la salida de Maduro del poder, tras la suspensión hace una semana del referendo revocatorio contra el mandatario.

El gobierno prometió intervenir con militares las empresas que cesen sus actividades y entregárselas a los trabajadores. Pero algunos desafiaron la amenaza. «Cerrado por ausencia del personal», rezaba un letrero en una ferretería del este de Caracas.

Dirigentes de la MUD destacaron que muchos empleados atendieron el llamado a la huelga. «La soledad de las calles en sintonía con la soledad de la cúpula corrupta del gobierno», afirmó el excandidato presidencial Henrique Capriles.

«Se observa como una jornada de sábado, no a pleno funcionamiento pero tampoco totalmente paralizado», afirmó a la AFP el vicepresidente de la patronal Fedecámaras, Carlos Larrazábal.

En Caracas, Maracaibo, San Cristóbal y otras capitales de estados del país se registra también una huelga de alcance parcial.

«Si no trabajo no como y tengo tres chamos (niños)», afirmó Yadira Manosalvas, de 37 años, empleada de una tasca en el este de Caracas. 

 Huelga con aumento salarial 

Maduro prometió responder enérgicamente al «sabotaje» y «golpe parlamentario», refiriéndose a la huelga y al plan de la mayoría opositora parlamentaria de declararlo en «abandono del cargo», al culparlo de la crisis política y económica.

«No voy a aceptar ningún tipo de conspiración. Empresa parada, empresa recuperada por los trabajadores y la revolución», sentenció el mandatario, quien este viernes es esperado en una manifestación de seguidores en Caracas.

Efectivos de la Fuerza Armada, cuyo alto mando declaró esta semana «lealtad incondicional» al presidente, inspeccionan empresas para verificar que estén funcionando, sobre todo las de alimentos, en tanto los ministros recorren comercios y fábricas. 

«Una vez más ha fracasado la derecha apátrida venezolana», declaró el ministro de Alimentación, Rodolfo Marco Torres, quien se encontraba en una panadería.

El jueves, el presidente socialista anunció un aumento del 40% en el ingreso mínimo -llegando a unos 140 dólares a la tasa de cambio oficial- y el pago adelantado de aguinaldos.

Pese a ser el cuarto aumento que decreta Maduro en 2016, los venezolanos se quejan de que los salarios no alcanzan para nada, ante una imparable inflación que el FMI calcula en 475% para este año, la más alta del mundo.

Empresarios y economistas acusan al modelo socialista de «desmantelar» la capacidad productiva del país petrolero, golpeado por la caída de los precios del crudo y dependiente de las importaciones.

Según la firma Venebarómetro, Maduro enfrenta una impopularidad de 76,4% y un 67,8% se dice a favor de revocar su mandato, que concluye en enero de 2019.

 El pasado, aún fresco 

La nueva estrategia de la MUD, anunciada el miércoles en una multitudinaria manifestación, incluye una marcha el 3 de noviembre al palacio presidencial de Miraflores, en el centro de Caracas.

Esta marcha y la huelga repiten, para el gobierno, el «libreto» del 11 de abril de 2002, cuando una masiva movilización hacia Miraflores derivó en enfrentamientos que causaron 19 muertos y un golpe de Estado que sacó del poder a Hugo Chávez durante tres días.

Diosdado Cabello, número dos del chavismo, advirtió que deberían ser llevados «presos» los directivos de Fedecámaras y el empresario Lorenzo Mendoza, presidente del grupo Polar, mayor productor de alimentos de Venezuela.

Agentes de inteligencia rodearon una planta de Polar y la casa de Mendoza, acusado por el gobierno de ser punta de lanza de la «guerra económica» con que los opositores buscan derrocarlo.

El gobierno acusa a los empresarios de planear un nuevo «golpe». Pero Fedecámaras afirma que se trata de una «huelga ciudadana», no patronal.

«Esa es una gran diferencia con respecto el pasado», dijo Larrazábal, al aludir al hecho de que al día siguiente del golpe contra Chávez el entonces líder de Fedecámaras, Pedro Carmona, se autojuramentó presidente de Venezuela.




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