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Alfredo S. Flores | @alfredoflores96

Para que un país pueda tener voz en el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, debe ser, en primer lugar, promotor de los DDHH. Venezuela, que forma parte este organismo desde el año 2015, está a punto de perder su puesto debido a que la ONU recomendó degradar de la categoría A a B a su Defensoría del Pueblo, por no resguardar los derechos fundamentales de sus ciudadanos.

Los principios de París, que establecen cómo debe ser el funcionamiento de las Instituciones Nacionales para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos, consagran que tales instituciones deben tener como principio la independencia y el pluralismo, características que hoy se le cuestionan a la gestión de Tarek William Saab al frente de la Defensoría del Pueblo venezolana.

La recomendación de las naciones unidas, que sanciona al Estado venezolano, surge como respuesta a un informe presentado por cinco Organizaciones No Gubernamentales (ONG) en Ginebra: Programa Venezolano de Educación-Acción (Provea), el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, Civilis, Acción Solidaria contra el VIH-Sida y Espacio Público.

Desde el año 2013 todas estas organizaciones han cuestionado la actuación de la Defensoría del Pueblo frente a temas como el derecho a la protesta pacífica, la libertad de expresión, la violencia social y la crisis sanitaria que vive el país.

Tras una revisión de las denuncias hechas por las ONG, la conclusión del Comité Internacional de Coordinación de las Instituciones Nacionales para la Promoción y la Protección de Derechos Humanos fue puntual: La Defensoría del Pueblo carece de independencia y pluralidad.

Defensor del pueblo, Tarek William Saab. / Foto archivo de El Carabobeño


Un país por mal camino

Desde la sustitución de la exdefensora del pueblo, Gabriela Ramírez, quien solía manifestar abiertamente su tendencia política favorable al Gobierno del expresidente Chávez, la nueva gestión se ha visto marcada por la inacción ante distintos casos de presunta violación a los derechos humanos.

El subcomité de la ONU mantuvo comunicación con Saab apenas asumió su nuevo cargo para solicitar información sobre la resolución 008610, que permite el uso de armas de fuego para controlar el orden público, al tiempo que se pidió poner al tanto a la organización sobre las detenciones de la jueza María Lourdes Afiuni, el dirigente político Leopoldo López y el ex alcalde de Caracas Antonio Ledezma, así como el estado de excepción y deportación de colombianos en agosto de 2015, y la reclusión en La Tumba de Lorent Saleh y Gabriel Valles.

Manifestación por la liberación del preso político Leopoldo López. / Foto archivo de El Carabobeño


Aunque el subcomité reconoció en su informe que el defensor del pueblo no ha dejado de responder, indica que la información que ha aportado no son suficientes.

Ante tales señalamientos Saab no tardó en manifestar su molestia, y presentar este martes un informe de más de mil páginas, donde, según dijo, se detallan todas las acciones que ha emprendido la defensoría para proteger los derechos civiles.

Saab destacó el caso de los estudiantes Lorent Saleh y Gabriel Valles, cuyos familiares, a su parecer se han manifestado muy conformes con las acciones de apoyo que ha ofrecido la institución.

Sin embargo, fue la misma abogada de ambos jóvenes, Tamara Sujo, quien se dirigió hace pocas semanas a la Corte Penal Internacional para denunciar la sistematización de las torturas por parte del Estado venezolano, algo que el defensor no se ha preocupado en aclarar.

En la denuncia emprendida por Sujo, se detalla que los tratos crueles, inhumanos y degradantes se han convertido en una política de Estado, para intimidar y castigar a opositores y manifestantes en el país.

Entre los métodos de tortura más utilizados Sujo mencionó los golpes y puntapiés en todo el cuerpo, uso de shock eléctrico, asfixia con bolsas plásticas que en algunos casos están impregnadas de gases tóxicos, posiciones degradantes por largos períodos de tiempo, aislamiento y torturas sexuales como desnudamientos, intentos de violación, amenazas de violación.

El Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), el Cuerpo de Investigación Científica Penal y Criminalística (CICPC), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) son las instituciones que, según Sujo, presentan el mayor número de casos de tortura.

Instituciones de seguridad del estado se han visto involucradas en torturas. / Foto archivo El Carabobeño


Negación de una crisis

En Venezuela no sólo se estaría criminalizando la protesta y torturando a quienes la ejercen, sino que además hablar del desabastecimiento de medicinas y alimentos que ha llevado a una crisis humanitaria parece ser un tema prohibido, aún cuando el mismo secretario general de la ONU, Ban Ki Moon, lo confirmó. “En Venezuela las necesidades básicas no pueden ser cubiertas”.

El defensor del pueblo aunque poco habla de este tema, durante la rueda de prensa que ofreció este martes no negó que hubiera una crisis humanitaria, sin embargo aseguró que las declaraciones del secretario general de la ONU eran solamente opiniones personales. “No debe manipularse el término de crisis humanitaria para perjudicar al Estado venezolano”.

Saab aseveró que existe una oficina de la organización encargada de estudiar las crisis humanitarias en el mundo, y que tal, no han declarado esto aún sobre países como Siria, Yemen y Somalia.

Señalamiento que no coincide con las recientes declaraciones del secretario general adjunto de las Naciones Unidas para Asuntos Humanitarios, Stephen O’Brien, quien ha manifestado su preocupación por la crisis humanitaria en Siria, así como el director de operaciones de la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, John Ging, ha pedido en reiteradas oportunidades a los países del mundo no olvidar la crisis humanitaria de Somalia. En cuanto al caso de Yemen la ONU designó a un coordinador humanitario exclusivo, Jamie McGoldrik para hacer seguimiento a la situación que se vive en la nación.

Representantes de la ONU se han manifestado por la crisis humanitaria de Venezuela. / Foto archivo de El Carabobeño


En segunda categoría

Si Venezuela pasara a la categoría B por no respetar los Principios de París, las consecuencias serían inmediatas; dejaría de ser miembro activo del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, para ser un observador.

Tal sanción obligaría automáticamente a la representación diplomática venezolana a retirarse de su puesto en el consejo y dejaría en pleno manifiesto que las instituciones del Estado venezolano, dedicadas a la  Promoción y Protección de los DDHH, carecen de pluralidad e independencia.

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