EFE

 Venezuela ha
condenado hasta ahora a siete funcionarios públicos por la represión de las
manifestaciones ciudadanas ocurridas de febrero a junio del 2014, y hay otros
29 cuyo caso aún no ha concluido, según informó este martes la fiscal general del
Estado.

Venezuela se sometió este lunes y martes al escrutinio del
Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

Al inicio de su intervención, la fiscal general de
Venezuela, Luisa Ortega Díaz, se refirió a las consecuencias penales de esas
manifestaciones, que fueron duramente reprimidas por las fuerzas de seguridad
del Estado.

Ortega indicó que 36 funcionarios “de distintos cargos
del Estado” fueron acusados por presuntos delitos cometidos en ese
contexto, nueve de ellos acusados de homicidio y 27 por trato cruel, de los que
siete “han sido condenados hasta el momento”.

Asimismo, Ortega señaló que tras las miles de detenciones
que siguieron a las manifestaciones, hasta la fecha, fueron sobreseidos los
casos de 1.659 personas, 1.558 fueron acusadas, 1.218 recobraron la libertad
plena, y 35 están detenidas, de ellas 14 miembros de las fuerzas de seguridad
del Estado y 21 civiles”.

Para responder sobre cuestiones relacionadas con las
funciones de seguridad ciudadana de las Fuerzas Armadas, Ortega indicó que la
Constitución sólo otorga funciones de “seguridad de la nación” al
Ejército.

Sin embargo, asumió que han llevado a cabo de forma puntual
funciones de seguridad ciudadana, a la espera que se conforme la nueva Policía
Nacional Bolivariana.

Por otra parte, la fiscal indicó que la tasa de homicidios
en 2014 fue de 62 asesinatos por 100.000 habitantes.

“Pero indicamos que Venezuela está intentando fomentar
una cultura de paz para frenar el alza de homicidios”, dijo Ortega, que
afirmó que el Estado ha logrado “inutilizar” 26.518 armas.

Los expertos también habían consultado sobre por qué no se
elevaba a 18 años la edad mínima para poder contraer matrimonio, y la
delegación explicó que, “al menos”, ya se ha elevado de 14 a 16 años
para las mujeres, con lo que se ha equiparado entre sexos.

Ahora está en manos de la Asamblea legislativa elevar la
edad mínima a 18 años, pero informaron de que este aspecto debía tener en
cuenta las costumbres y rasgos culturales de las zonas rurales.

Con respecto a la violencia doméstica y a los feminicidios,
la delegación dijo que ha habido 52 investigaciones por muerte de mujeres a
manos de sus parejas, 19 acusaciones, y 32 en fase de investigación.

Asimismo, en 2014 hubo 63.184 denuncias por malos tratos, y
se formularon 19.200 acusaciones.




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