Funcamama y Red Rosa Venezuela, como integrantes de Codevida, se sumaron a las organizaciones de la sociedad civil que tomaron la iniciativa de presentar un informe alterno al Foro Político de Alto Nivel Sobre Desarrollo Sustentable de Naciones Unidas en vista que Venezuela no avanza en el cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.
Luisa Rodríguez Táriba, presidenta de Funcamama, señala en nota de prensa, que el informe incluye observaciones al informe voluntario presentado por el Estado venezolano, fue consignado por Codevida, Transparencia Venezuela, Sinergia, Avesa y Fundación Aguaclara, en el foro de la ONU que se realizó del 11 al 20 de julio en Nueva York.
Rodríguez Táriba recordó que los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, fueron establecidos en la Agenda 2030, la cual fue aprobada en septiembre del 2015, con el consenso de los 193 países miembros de las Naciones Unidas y que tiene como mandato erradicar la pobreza, eliminar las desigualdades y luchar contra el cambio climático. “Lamentablemente, el país no ha avanzado sino que, por el contrario, registra graves retrocesos, por ejemplo, en el área de salud y bienestar, tal como está bien documentado en nuestro informe”, puntualizó, reseña nota de prensa de Funcamama.
Deborah Van Berkel, presidenta de Sinergia- Red de Organizaciones de la Sociedad Civil Venezolana-, detalló que el informe alterno presenta datos, cifras y casos confiables, avalados por distintas fuentes y estudios realizados en el país que cubren, en cierta medida, la ausencia de información pública oficial, dificultades- o desactualización- para el acceso a ésta, sobre la situación de algunos de los 17 objetivos de desarrollo a junio 2016. “Se trata de un análisis transversal que muestra el impacto de las políticas públicas emprendidas por el Estado venezolano en el desarrollo y cumplimiento de los ODS”.
El Estado venezolano se presentó de manera voluntaria, junto con otros 21 países, para revisar las acciones que se implementan y los avances concretos con respecto a cada objetivo. El informe oficial destaca los logros de la Revolución Bolivariana con su política social y de inclusión, reconociendo que existe una “coyuntura política nacional que ha llevado al Estado Venezolano a generar políticas de emergencia”.
Frente al informe presentado por el Estado, las organizaciones civiles consignaron un informe alterno que demuestra que en el país hubo un aumento de la pobreza que, pese a la ausencia de cifras oficiales, estudios de universidades nacionales la calcularon en 48,4 % en 2014 y en 73% para el año 2015, lo que representa un aumento significativo en comparación con el 28% del año 2013, según la última cifra del Instituto Nacional de Estadística.
En el informe también se resalta una disminución real del presupuesto asignado para alimentación de 34% y la marcada escasez de alimentos en el país. La adquisición de alimentos nacionales bajó de 50,2% en 2004 a 9,97% en 2015, mientras que las adquisiciones de alimentos importados suben de 49,8% en 2004 a 90,03% en 2015. Además, la escasez de medicamentos es de 80% para enero de 2016.
“La mortalidad materna también aumentó en este lapso de tiempo a 130,70 muertes por cada 100 mil nacidos vivos, entre enero y mayo de 2015, y 3.82 puntos en la mortalidad infantil. Por otro lado, también se encontró una disminución en la matrícula de estudiantes primarios y secundarios de 141.823 estudiantes, en comparación con el año 2005”, acotó Van Berkel.
Independencia de Poder Judicial
El informe también plantea cuestionamientos a la independencia del Poder Judicial derivado de la designación irregular de magistrados y la cantidad de sentencias a favor del poder Ejecutivo. Se destaca la inconsistencia en el número de viviendas construidas que, según datos confiables, no se corresponde con el presentado por el Estado, sin mencionar las debilidades en cuanto a condiciones dignas de vivienda y acceso a servicios básicos.
La promulgación del Arco Minero del Orinoco es otro punto que se resalta en el informe, ya que este decreto – no avalado por el parlamento nacional – atenta contra las culturas ancestrales de la región y los diferentes ecosistemas sensibles, provocando mayor deterioro al acceso a servicios básicos como agua potable y energía eléctrica y poniendo en alto riesgo la excepcional diversidad de la zona.
En opinión de las organizaciones civiles, esta situación ha generado un franco deterioro en el ejercicio de los DDHH y la calidad de vida de los venezolanos, además de crear condiciones y un aumento significativo para la protesta social reivindicativa. Para el primer trimestre del 2016 el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social contabilizó 3.507 protestas.
“Esta es una oportunidad para reiterar la importancia de la participación de la sociedad civil y otros actores no estatales, como el sector privado, en la construcción de un nuevo modelo de desarrollo en el que nadie se quede atrás, tal como lo establece las Naciones Unidas. Una oportunidad para que el gobierno de Venezuela escuche la voz de sus ciudadanos, sus demandas y aportes, para remontar la crisis sistémica que afecta a todos y todas”, concluyó la directora de Sinergia. (DA)
