Venezuela vive un “ecocidio” histórico que enciende las alarmas de los grupos ecologistas y de las comunidades indígenas del país, destacó Eco-Noticias.com.ve, en su artículo de ambiente y ecología.
Esto, a propósito de que el presidente Nicolás Maduro creó un nuevo organismo llamado Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas (Camimpeg), cuya principal función será otorgar a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), todas las atribuciones relativas a la producción minera del país.
El decreto 2.231 de fecha 10 de febrero del 2016, publicado en la Gaceta Oficial Nº 40.845 estableció atribuir a los militares la facultad para efectuar todo lo relativo a las actividades lícitas de servicios petroleros, de gas y explotación minera en general, sin que esto implique limitación alguna.
El documento oficial señala que la empresa será un ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Defensa y que todas las acciones concernientes a la actividad gasífera, petrolera y minera, incluyendo planes de derrame y mantenimiento, son de competencia del estamento militar.
Dos semanas después de que se emitiera la Gaceta Oficial Nº 40.845 que autoriza la creación de la Camimpeg, Maduro anunció en cadena nacional la firma de acuerdos con empresas mineras para la exploración y certificación de oro, cobre, coltán y otros minerales.
Entre medias tintas, acuerdos sin detalles y líneas de acción sin definir entre ministros y militares, se busca poner en marcha el motor minero, ante la baja de los precios del crudo.
Ambas decisiones mantienen en alarma a ecologistas e indígenas del país, quienes sufren bastante con la minería ilegal, forajida; que desde hace años se practica en el territorio nacional, principalmente en el estado Amazonas.
El gobernador del estado Amazonas Liborio Guarulla, en una nota recogida por la agencia France Presse, denunció la presencia de unos tres mil mineros ilegales que están destruyendo las selvas, los suelos y contaminando los ríos”, y atribuyó la responsabilidad al gobierno del presidente Nicolás Maduro y a la Fuerza Armada venezolana.
Guarulla indicó el pasado martes en la Sesión Ordinaria de la Asamblea Nacional que desde el estado Amazonas no quieren el arco minero promovido por el Gobierno, dado que a su juicio, violenta la soberanía de las comunidades indígenas y de todos los amazonenses.
Alerta ambiental
Del portal de la ONG Azul Ambientalistas recogemos el siguiente análisis de esta lamentable situación: Cuando Ana Elisa Osorio fue ministra del Ambiente firmó una resolución donde señalaba la decisión de revocar el permiso ambiental a la empresa Gold Reserve en sus operaciones en el proyecto Las Brisas, Inc. (en la misma área donde ahora se les otorgó la concesión) pues se verificó el daño ambiental e irreversible en el área de influencia.
La ministra en ese entonces declaró que no se otorgarían permisos ambientales para la explotación de minas a cielo abierto pues esto causa degradación ambiental. Estos permisos no son negociables, por su afectación al ambiente y a las comunidades que viven en el mismo, afirmó.
En el lenguaje técnico del ministerio expresaron que para la explotación del mineral que se realiza a cielo abierto, utilizan un circuito de procesamiento convencional de concentración gravitacional y de lixiviación con cianuro: el cual implica remover la cubierta vegetal y la contaminación letal de las fuentes de agua.
Las autoridades ambientales saben lo catastrófico que significa autorizar a esa supercorporación para explotar oro al sur del estado Bolívar, debido a que la minería a cielo abierto utiliza, de manera intensiva, grandes cantidades de cianuro, una sustancia muy tóxica, que permite recuperar el oro del resto del material removido.
Para desarrollar todo este proceso se requiere que el yacimiento abarque grandes extensiones y que se encuentre cerca de la superficie. Como parte del proceso se cavan cráteres gigantescos, que pueden llegar a tener más de 150 hectáreas de extensión y más de 500 metros de profundidad. Alrededor de esta actividad el olor fétido es el común denominador, producto de la mortandad que se produce por envenenamiento de la fauna silvestre.
Ninguna actividad industrial es tan agresiva ambiental, social y culturalmente como la minería a cielo abierto, a tal punto de que en los países desarrollados está prohibida esta práctica. Un ejemplo de ello, de no permitir este tipo de ecocidios en su ambiente es Canadá, país de origen de la Gold Reserve. (BM)
