Z.D.A.M.
El coordinador nacional de asuntos electorales de la Mesa de la Unidad Democrática, Vicente Bello indicó que este jueves el Consejo Nacional Electoral ampliará el grupo de revisión y de testigos para acelerar el proceso de verificación de las 80 cajas que entregó la oposición el pasado lunes 2 de mayo, contentivas de las 2,5 millones de firmas recolectadas con el propósito de culminar dicho proceso lo más pronto posible.
En declaraciones ofrecidas a una estación radial capitalina, el técnico electoral opositor narró que el proceso de verificación iniciado este miércoles transcurrió en forma normal, y admitió que al principio hubo un poco de retraso para arrancar. Precisó además que se revisaron 24 cajas de las 80 consignadas, «es decir se han revisado 550 mil rúbricas más del doble de las que solicitó el CNE (195 mil)».
Añadió además Bello que el órgano comicial mantiene el conteo y verificación hasta llegar al 1% solicitado, para luego detenerse, y pasar a la siguiente etapa de la convocatoria del 20% de los venezolanos a estampar su huella dactilar en los centros electorales a través de las máquinas captahuellas.
Precisó que en un lapso de tres días, luego de entregadas las firmas correspondientes al 20%, debería efectuarse el Referendo Revocatorio. De acuerdo a sus proyecciones, «el referendo revocatorio debería estar convocándose a finales de agosto; pero si hay operación morrocoy, sería realizado en septiembre o en octubre que todavía sería el tiempo hábil”.
Por otra parte, ratificó lo anunciado por la presidenta del CNE en que las rúbricas son revisadas por testigos de la MUD y del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) para vigilar el proceso, sin que ninguna de las dos últimas toquen las planillas. «Esta medida se realiza en todos los procesos de auditoría para respetar la voluntad de aquellas personas que están solicitando la activación del Referendo Revocatorio, así como al funcionario público que se pretende revocar».
Señaló el representante de la MUD que está prohibido que el CNE publique los datos privados de los ciudadanos que participen en cualquier proceso electoral.
