(Foto Archivo)
EFE
El Comité de Víctimas de las Guarimbas (barricadas) y el Golpe Continuado repudió que EE.UU. decidiera sancionar a funcionarios del Gobierno venezolano acusados de violar los derechos humanos y no hiciera lo mismo contra el líder opositor Leopoldo López, a quien acusan de promover la violencia política.
«Es algo contradictorio sancionar a funcionarios del Estado por violación a los derechos humanos y pedir que se libere (a López); eso es apoyar la impunidad, (porque en EE.UU.) piden la liberación de personajes que llamaron a la violencia, la cual dejó víctimas y lesionados», dijo Desiré Cabrera, una de las voceras del grupo.
El Senado estadounidense aprobó el lunes un proyecto que busca congelar bienes de funcionarios venezolanos acusados de violaciones de derechos humanos contra opositores, y la Casa Blanca dijo hoy que favorecería ese tipo de sanciones contra el Gobierno de Venezuela.
Para los poderes de EE.UU. y para organizaciones de derechos humanos «somos supuestas víctimas de hechos que no ocurrieron, según dicen», agregó Cabrera en declaraciones a periodistas tras visitar la sede en Caracas de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Este comité lo conforman familiares de algunos de los 43 muertos que dejaron las protestas violentas antigubernamentales que sacudieron Venezuela en el primer semestre del año, simpatizantes del Gobierno y la oposición, agentes de seguridad y algunos transeúntes atrapados en una suerte de «fuego cruzado».
«La guerra mediática nos ha tratado de invisibilizar para decir que las víctimas fueron (únicamente) estudiantes (de la oposición) dada la represión del Gobierno. No, así no fue. Aquí hay víctimas» también de otros sectores, insistió Cabrera.
El Comité pidió a la OEA que se le permita exponer sus casos y «dar a conocer la verdad» en sus asambleas ordinarias.
Con el mismo propósito, los integrantes del Comité han visitado en las últimas semanas las sedes de diversas embajadas y organismos internacionales, así como instancias nacionales de investigación.
«En la ONU sentimos que no fuimos cordialmente recibidos; simplemente recibieron nuestra solicitud y no nos dieron mayor atención», en cambio en las embajadas, entre ellas las de España, «nos atendieron muy bien», destacó Cabrera.
La activista criticó que el Comité contra las Torturas de la ONU, así como el Grupo de Detenciones Arbitrarias y el Alto Comisionado para los Derechos Humanos del organismo multilateral hayan recomendado la excarcelación de López.
«Eso es ser copartícipe de la impunidad. Nosotros estamos luchando para que haya justicia y no impunidad. Pedir la liberación de una persona que promovió el odio (…) y decir que es víctima y que se le están violando sus derechos es contradictorio, porque a todas las víctimas se nos violaron los derechos también», agregó.
Los integrantes del grupo consideran a López, así como a otros dirigentes opositores como María Corina Machado o Antonio Ledezma, responsables en gran medida de la violencia desatada esos días.
López está preso desde el pasado 18 de febrero en una cárcel militar a las afueras de Caracas, y afronta un juicio penal por instigación pública, agavillamiento (asociación para delinquir), daños a la propiedad e incendio por unos hechos violentos ocurridos en la capital venezolana seis días antes.
Ese 12 de febrero, tras una manifestación convocada entre otros por López, un grupo de personas arremetió contra la sede de la Fiscalía y de un cuerpo policial, en una jornada que se saldó con tres muertos y decenas de heridos y detenidos, dando comienzo a una ola de protestas antigubernamentales que se extendió por el país.
El presidente venezolano, Nicolás Maduro, acusó al opositor de buscar su salida de la Presidencia mediante la violencia, afirmación que López siempre ha negado.
