(Foto cortesía)
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La vida de Zuleima Soriano cambió. El 25 de abril de 2017 un funcionario de la Policía de Carabobo le mató a su hijo, Christian Humberto Ochoa Soriano, de 21 años.

Esta humilde mujer vive en la calle Magallanes del barrio Francisco de Miranda, en Valencia, muy cerca de donde ocurrieron los hechos.

El dolor por la muerte de un hijo no pasa rápido. Zuleima Soriano llora cada día, desde hace ya cuatro meses. Lo recuerda como un muchacho alegre, juguetón, colaborador y sobre todo muy familiar. Su rostro se ilumina y sus ojos se llenan de lágrimas. No puede hablar. “Me siento horrible sin mi hijo”.

Soriano llegó a su casa en la tarde. Había trabajado todo el día como doméstica. Ella recuerda el alboroto en la avenida principal del barrio, su hijo quería ver qué sucedía. “Le pedí que no fuera porque tenía que ayudarme a guardar una arena porque estábamos construyendo”.

“Regreso rápido”, fue la respuesta de Christian. Solo iba a comprar una tarjeta telefónica. Minutos después recibió la noticia. Corrió a la avenida y lo vio tirado en el piso, intentó tocarlo pero los policías se lo impidieron.

Luego supo qué ocurrió. Un vecino le contó que apenas su hijo se aproximó a la avenida principal, llegó una comisión policial conformada por muchos funcionarios. Uno de ellos lo apuntó y el joven de inmediato se arrodilló “El suplicó que no lo mataran, pero le disparó con una escopeta a quemarropa en el abdomen”

La autopsia también reveló que Richard sufrió una herida por arma de fuego en una pierna. Un vecino grabó todo, pero otro funcionario le quitó el aparato y lo golpeó salvajemente.

La cámara de un comercio cercano también tenía sistema de videocámaras. Esas evidencias las entregó al Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas.

Christian quería irse del país. La crisis lo abrumaba. Junto a su hermano planeaba la aventura de ir a un país donde no conocía a nadie, en busca de un mejor futuro. Su hermano si viajó.

El Ministerio Público imputó a los funcionarios policiales Gerson Alberto Quintero, de 36 años, y de Jhonny Azócar, de 47, a quienes se les acusa por homicidio intencional calificado con alevosía por motivos fútiles y uso indebido de arma orgánica contra Richard Ochoa. Los dos están bajo arresto en la comandancia policial.

Zuleima Soriano conoce sus identidades, pero es tanto su rencor que prefiere no nombrarlos. “Si llegara a verlos algún día no se como actuaría. Solo espero que se haga justicia”.

Mientras ese castigo llega para los funcionarios, Zuleima enfrenta su cotidianidad, trastocada desde aquel 25 de abril, cuando la represión se llevó la vida de su hijo.

 




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