El sábado 23 de febrero de 2019, Moisés Cordero, junto a un grupo de jóvenes solo tenían un objetivo: exigir que se permitiera el ingreso de la ayuda humanitaria a Venezuela. Y lo que obtuvo por defender sus derechos fue un disparo de perdigón que le hizo perder su ojo derecho, en un hecho por el que ninguno de los responsables está sancionado.
Él sigue luchando. Es el presidente del Comité de Víctimas del Estado Carabobo, organización con la que acudió, la mañana de este miércoles, a la sede de la fiscalia 35 de la con competencia en materia de protección de derechos fundamentales, para exigir celeridad en las investigaciones.
«El caso está engavetado, no han hecho ningún tipo de averiguaciones y no hay nadie detenido por esa terrible represión que ocurrió en las cercanías del Fuerte Paramacay… Pedimos que se respete el debido proceso».
Cordero es parte de las estadísticas de impunidad. Kelvi Zambrano, abogado de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, insistió en que se trata una violación a la obligación que tiene el Estado, de acuerdo con el artículo 29 de la Constitución, de investigar y sancionar los delitos contra los derechos humanos.
«Pedimos celeridad en el proceso de investigación porque ya han transcurrido tres años y no se han esclarecido los hechos ni se ha sancionado a los responsables».
De acuerdo con los registros que el maneja, en Carabobo son ya 123 casos de ejecuciones extrajudiciales que se han cometido de parte de organismos de seguridad del Estado que no han sido investigados.
