Más de dos años después, un tribunal venezolano sentenció a 30 años de prisión a dos funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) que ya estaban detenidos por el homicidio y la tortura del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, de 50 años. Con esta decisión, el gobierno de Nicolás Maduro ha pretendido aparentar justicia por un caso que es investigado incluso por el Tribunal Penal Internacional (TPI), que está realizando una evaluación sobre si el chavismo ha cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Este caso sigue teniendo ‘una pata coja’, pues el Ministerio Público ha dejado de dar información de quiénes han sido los que dieron la orden a los dos militares de torturar salvajemente al capitán Acosta Arévalo y provocar su muerte.
El teniente Ascanio Antonio Tarascio y el sargento Estiben Zárate Soto son dos funcionarios que estaban adscritos a la DGCIM. El Tribunal 12 de Juicio de Caracas los consideró responsables del homicidio calificado y torturas a Acosta Arevalo, que fue detenido el 21 de junio de 2019 por supuesta conspiración contra el Gobierno de Maduro. El arresto fue llevado a cabo por funcionarios del centro de inteligencia, uno de los cuerpos de seguridad del gobierno señalado por la oposición, por la ONU y diferentes oenegé venezolanas, que denuncian torturas a presos políticos.
El abogado del caso, Alonso Medina Roa, explicó a ABC que en el juicio quedó demostrado que Acosta Arévalo fue torturado. Sin embargo, ni para la defensa ni para la familia es suficiente: «Pedimos al Tribunal de Caracas que investigue la conducta omisiva de los médicos y, por supuesto, de la cadena de mando del DGCIM. Esto ocurrió en una instalación militar donde todas las acciones son supervisadas directamente por los superiores. Es inaceptable pensar que un teniente y un sargento cometieron este hecho en esas instalaciones por varios días sin que los altos cargos responsables tuvieran conocimiento».
Waleska Pérez, viuda de Acosta Arévalo, señaló a través de Twitter: «Faltando pocos días para el plazo que dio el TPI a los responsables por los crímenes de lesa humanidad, el Ministerio Público condenó al teniente y al sargento. Y no investigó a la cadena de mando. No hay intención de hacer la verdadera justicia, solo de maquillar el caso». Después de la visita a Caracas que hizo en noviembre el fiscal del TPI, Karim Khan, Pérez dijo a ABC que las víctimas del gobierno piden a gritos justicia porque en el país sudamericano «se han cometido crímenes de lesa humanidad».
Tortura demostrada
La muerte de Acosta Arévalo ocurrió un día después que el preso político fuese revisado por médicos del Hospital Militar de Caracas. El abogado alega que los doctores tuvieron una «conducta omisiva» y no fueron diligentes en aplicar el tratamiento que necesitaba. «Todo eso quedó demostrado en el juicio», dijo Roa a ABC. La autopsia del capitán de corbeta reflejó que su muerte se debió a un edema cerebral severo debido a insuficiencia respiratoria aguda, por rabdomiólisis por politraumatismo generalizado. La rabdomiólisis provocó un coágulo que se alojó en su pulmón provocando el paro respiratorio. Un edema cerebral también puede ocurrir por traumatismos craneoencefálicos, en los cuales se rompen los vasos sanguíneos y una hemorragia.
En el informe del TPI, se explica que Acosta Arévalo tenía 16 arcos costales fracturados. También fractura de tabique nasal, excoriaciones en hombros, codos, rodillas, hematomas en el muslo en la cara interna y ambas extremidades. Lesiones, similares a latigazos, en espalda y muslos parte posterior, un pie fracturado, múltiples excoriaciones y signos de pequeñas quemaduras en ambos pies.
«Simulación de Justicia»
El fiscal chavista del Ministerio Público, Terek William Saab, dijo en un mensaje por su cuenta de Twitter, el 28 de junio de 2019, que Acosta Arévalo cayó en «un estado grave de salud» mientras «se llevaba a cabo una audiencia de presentación de cargos» en el cuartel de Fuerte Tiuna de Caracas. El gobierno quiere lavarse la cara ante las denuncias por torturas cometidas en prisión hacia los presos políticos. De acuerdo con la ONG Foro Penal, hay 242 en el país.
El presidente interino, Juan Guaidó, dijo el viernes por las redes sociales que lo que hace el régimen es una «simulación de justicia, no es justicia, y eso lo sabe la TPI». «A Acosta Arévalo lo secuestraron, privaron ilegítimamente de su libertad y su familia, lo torturaron hasta la muerte y lo presentaron en silla de ruedas en un tribunal militar para enviar el mensaje a la Fuerza Armada», denunció.
En ese contexto, la ONU dijo en septiembre que las torturas que aplica el gobierno de Maduro son «nazis». La Misión de Determinación de Hechos para Venezuela del organismo denunció que la DGCIM aplica las ‘Sippenhaft’, una táctica de castigo colectivo utilizada por los nazis, y que se basaba en la detención de familiares de perseguidos o presos políticos como forma de presión.
 que ya estaban detenidos por el homicidio y la tortura del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, de 50 años. Con esta decisión, el gobierno de Nicolás Maduro ha pretendido aparentar justicia por un caso que es investigado incluso por el Tribunal Penal Internacional (TPI), que está realizando una evaluación sobre si el chavismo ha cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela.){kind=link}